El gobierno federal de Estados Unidos entró este miércoles en su vigesimosegundo día de cierre parcial, tras fracasar por duodécima vez el Senado en aprobar un proyecto de financiamiento que permita reabrir la administración. Este cierre, ya convertido en el segundo más largo en la historia del país, solo es superado por el que se prolongó durante 35 días entre 2018 y 2019, también bajo la presidencia de Donald Trump. La votación del miércoles terminó con un resultado de 54 contra 46 votos, lejos de los 60 necesarios para avanzar y romper el estancamiento.
El origen del cierre reside en un profundo bloqueo político entre demócratas y republicanos, centrado principalmente en la negativa de estos últimos a incluir en la financiación la extensión de subsidios al Obamacare, conocidos formalmente como la Ley de Atención Médica Asequible. Los demócratas insisten en esta extensión para evitar que millones de estadounidenses pierdan cobertura o vean dispararse sus primas al finalizar el año. Por su parte, los republicanos se oponen tajantemente, acusando sin evidencia sólida que estos subsidios favorecen a inmigrantes indocumentados, y condicionan cualquier negociación a que el gobierno primero se reabra.
Este pulso ha generado un impacto económico y social considerable. Cerca de 750,000 empleados federales están suspendidos sin salario, mientras que miles más han sido despedidos en medio de la crisis. Los trabajadores considerados “esenciales” deben seguir laborando sin recibir pago, una situación que genera tensiones crecientes en sectores críticos, como el de controladores aéreos, donde la escasez de personal ya ha provocado cancelaciones masivas de vuelos. De mantenerse el cierre, se avecinan mayores restricciones en viajes y servicios públicos.
A nivel económico, el impacto es palpable y se proyecta una reducción del crecimiento entre 0.1% y 0.2% anual por cada semana que dure el cierre, lo que puede traducirse en pérdidas de entre 7,600 y 15,200 millones de dólares semanales, según Oxford Economics. Además, la Reserva Federal enfrenta mayores dificultades para cumplir su función, ya que depende en gran medida de datos oficiales del gobierno que se han dejado de publicar. Estadísticas fundamentales como la tasa de desempleo o las ventas minoristas, cruciales para la toma de decisiones sobre política monetaria, no están disponibles, lo que ha obligado a la Fed a recurrir a fuentes alternativas menos confiables.
Este vacío informativo añade incertidumbre en un momento delicado, dado que la economía estadounidense ya enfrenta retos complejos como una inflación persistente, un mercado laboral debilitado y una crisis de asequibilidad en la vivienda que la Fed reconoce no puede resolver por sí sola. Las tasas hipotecarias elevadas y la escasez de viviendas asequibles continúan presionando a millones de ciudadanos, mientras la inteligencia artificial comienza a transformar el mercado laboral, ralentizando la contratación y generando temores en sectores tecnológicos.
Políticamente, el cierre refleja la profunda polarización y la incapacidad del Congreso para superar sus diferencias. Los demócratas han logrado posicionar el tema de la atención médica como un punto de apoyo con su electorado, aprovechando la impopularidad del cierre y la negativa republicana a extender los subsidios. Las encuestas muestran que un 72% de los estadounidenses apoyan la extensión de estas ayudas, incluso una mayoría dentro del Partido Republicano coincide en la importancia de mantenerlas. Sin embargo, la negativa a negociar mientras el gobierno permanece cerrado mantiene bloqueadas las discusiones.
El presidente Trump, que supuestamente es un hábil negociador, ha mantenido una postura rígida, rechazando reunirse con líderes demócratas a menos que primero se reabra el gobierno. Su estrategia también ha incluido despidos y recortes en programas sociales, profundizando el impacto sobre los más vulnerables. Mientras tanto, los líderes republicanos, como John Thune, repiten que la prioridad es reabrir primero y negociar después, aunque no proponen soluciones concretas para romper el estancamiento.
En el horizonte, la crisis amenaza con prolongarse, con consecuencias negativas no solo para la economía y los empleados federales, sino para millones de ciudadanos que dependen de servicios y subsidios. El cierre parcial paraliza agencias federales, suspende evaluaciones de seguridad alimentaria, y mantiene cerrados museos y parques nacionales, afectando la vida diaria de la nación.
Este impasse político y económico, que ya supera el récord histórico previo al cierre de 1995-1996 bajo Bill Clinton, pone en evidencia la fragilidad del sistema político estadounidense ante la incapacidad de ambas fuerzas para ceder y negociar. Mientras tanto, la economía camina en terreno incierto, la Fed opera a ciegas y millones de estadounidenses sufren la falta de servicios esenciales.
