El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública se prepara para una reunión crucial con las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, a fin de reactivar la negociación colectiva tras las recientes protestas de los funcionarios y la posible amenaza de una huelga general en diciembre. El encuentro está programado para este miércoles a las 11:00 de la mañana, donde la Secretaría de Estado de la Función Pública será la encargada de convocar a la Mesa de Diálogo en busca de una mejora en las condiciones laborales del personal público.
Los sindicatos han exigido al Gobierno que presente una propuesta de subida salarial para los 3,5 millones de trabajadores de las Administraciones. La presión sindical ha llevado al Gobierno a reanudar las conversaciones, pero CCOO, UGT y CSIF continúan con sus planes de movilización, insistiendo en la amenaza de una huelga general si no se logra un acuerdo significativo para mejorar los salarios del sector público.
«La presión sindical ha dado su primer fruto, pero no vamos a ceder hasta conseguir salarios dignos y servicios públicos de calidad», declaró CCOO en un comunicado tras la decisión del Gobierno de retomar las negociaciones.
Desde CSIF, han demandado que la reunión comience con una oferta económica concreta
, mientras que UGT enfatiza que la responsabilidad ahora recae en el Ministerio dirigido por Óscar López.
Entre los reclamos más relevantes de las organizaciones sindicales para la Mesa de Diálogo destacan la garantía de una subida salarial para 2025 y el establecimiento de un nuevo acuerdo plurianual que permita recuperar el poder adquisitivo de los empleados públicos. CSIF solicita un ajuste salarial acorde con la inflación, además de un incremento adicional pactado y una actualización automática de los sueldos, similar a la metodología usada para las pensiones. Por su parte, UGT y CCOO abogan por una subida salarial que supere el IPC real para fortalecer el poder adquisitivo.
Las tres organizaciones han criticado que la ausencia de Presupuestos Generales no debe ser un impedimento para los aumentos salariales, cuestionando la paradoja de un país que se declara en progreso económico mientras mantiene los salarios de los empleados públicos congelados. CSIF estima que el Gobierno adeuda ya 2.000 millones de euros en sueldos a los funcionarios este año.
También se discute el fin de la tasa de reposición, emplazando a que las ofertas de empleo público satisfagan las demandas administrativas actuales. Adicionalmente, se solicitó el refuerzo de las plantillas, una mejora en las condiciones de jubilación parcial y anticipada en la Función Pública, y el establecimiento de una jornada laboral de 35 horas.
