Durante años, el debate sobre la desigualdad entre generaciones se ha centrado en los jóvenes: empleos mal pagados, alquileres imposibles y un futuro incierto. Pero detrás de esa conversación pública hay un grupo que apenas levanta la voz y que, sin embargo, carga con un peso enorme: los trabajadores mayores de 60 años. En silencio, miles de ellos viven una realidad que desmiente la imagen del "boomer acomodado" y los muestra como víctimas de un mercado laboral que los ha dejado atrás.
En 2025, España atraviesa un fenómeno inédito: el número de mayores que dependen de ayudas asistenciales por desempleo es el más alto desde que existen registros. La mayoría percibe menos de 500 euros al mes, una cantidad que no cubre ni la mitad del coste medio de la vida en las principales ciudades. Son hombres y mujeres que trabajaron durante décadas, que cotizaron con regularidad y que, tras perder su empleo en la madurez, no han logrado reengancharse al mercado laboral.
El problema no es solo económico, sino también cultural. En muchas empresas, cumplir 55 años equivale a quedarse fuera de los planes de futuro. Se valora la juventud, la disponibilidad total y el manejo de las nuevas herramientas digitales, pero se desconfía de la experiencia, de los ritmos y de los conocimientos adquiridos en otros tiempos. Lo que se define como “adaptabilidad” se convierte, en la práctica, en un filtro que excluye a quienes más saben, pero menos encajan en los modelos laborales actuales.
Para muchos, la crisis de 2008 fue el punto de inflexión. En aquel entonces, miles de trabajadores con larga trayectoria se vieron obligados a abandonar sus empleos y, a diferencia de los más jóvenes, nunca recuperaron su lugar. Hoy, con más de una década y media de distancia, esas personas forman el grueso de los parados de larga duración. No se trata de casos aislados: el desempleo en mayores de 60 ha crecido de forma constante, incluso en los años de recuperación económica.
Paradójicamente, el relato social dominante los presenta como una generación privilegiada, con casa propia y pensiones garantizadas. Sin embargo, esa imagen ignora que muchos de los que hoy tienen entre 60 y 65 años ni siquiera han llegado a jubilarse. Se encuentran en un limbo legal: demasiado jóvenes para cobrar una pensión, pero demasiado mayores para que alguien los contrate. Dependen de subsidios que apenas les permiten sobrevivir mientras esperan alcanzar la edad legal de jubilación.
A todo esto se suma un cambio estructural: la edad para jubilarse se ha retrasado y las condiciones para acceder a una jubilación anticipada son cada vez más exigentes. Esto significa que muchas personas deben permanecer disponibles para trabajar hasta los 67 años… aunque nadie les ofrezca un puesto. El resultado es un aumento sostenido de desempleados mayores que no encuentran salida ni laboral ni económica.
Las consecuencias no son solo personales. La exclusión de los trabajadores veteranos supone también una pérdida de talento y de productividad para el país. España invierte años en formar y capacitar a profesionales que, en su tramo final, son apartados de manera prematura. En un contexto de envejecimiento poblacional y escasez de mano de obra cualificada, ese desperdicio humano y económico es una contradicción difícil de justificar.
Mientras tanto, el debate público sigue polarizado. Se enfrentan generaciones cuando, en realidad, comparten un mismo problema: la precariedad estructural. Los jóvenes sufren la inestabilidad y los salarios bajos; los mayores, la invisibilidad y el rechazo. Son dos caras de una misma moneda: un mercado laboral incapaz de ofrecer estabilidad y dignidad a quienes lo sostienen.
Quizá ha llegado el momento de reformular el discurso. No se trata de enfrentar a “boomers” y “millennials”, sino de entender que ambos arrastran desigualdades distintas pero igualmente graves. Y que, si España no encuentra una manera de reincorporar a sus mayores al empleo, corre el riesgo de condenar a toda una generación a una jubilación marcada por la precariedad y la frustración.
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