El Consejo de Ministros ha dado luz verde en primera vuelta al anteproyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido comúnmente como el Estatuto del Becario. Esta normativa, promovida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, llega más de dos años después de su firma junto a los sindicatos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó la norma como «la reforma laboral para las nuevas generaciones en nuestro país».
Este nuevo estatuto aspira a proporcionar un marco claro para los contratos de formación en España, asegurando que la formación se destine exclusivamente al aprendizaje. Las personas en prácticas no deberían sustituir a trabajadores contratados y tendrán derechos garantizados.
Medidas estrictas y sanciones para salvaguardar derechos
El estatuto establece un régimen sancionador para las empresas que incumplan los derechos de los estudiantes, con multas que pueden llegar hasta los 225,000 euros. Las prácticas extracurriculares serán limitadas a un total de 480 horas, asegurando también una compensación económica para los gastos incurridos por los alumnos, como desplazamiento y manutención.
La normativa ha suscitado polémica dentro del Gobierno por las discrepancias entre el PSOE y Sumar, además de no haber contado con la participación de universidades en su elaboración. Sin embargo, el objetivo es claro: erradicar la segregación en la formación práctica. Según Yolanda Díaz, «las personas que estén formándose formarán parte del ambiente laboral y tendrán el mismo acceso a los espacios de trabajo que el resto de los empleados».
Marco jurídico integral para estudiantes en prácticas
El proyecto de ley busca definir los periodos y el régimen jurídico de la formación práctica en empresas. Contempla sanciones severas para las empresas que violen derechos fundamentales, como discriminaciones en retribución, jornadas y demás condiciones de trabajo. Las multas variarán en función de la gravedad de las infracciones.
Las infracciones serán consideradas muy graves cuando se produzcan discriminaciones por edad, discapacidad, sexo, origen, orientación sexual o convicciones políticas
Además, el estatuto recoge las obligaciones de los estudiantes, quienes deberán cumplir el proyecto formativo, mantener el contacto con sus tutores académicos y respetar las normas y políticas de la empresa durante su periodo de prácticas. Finalmente, el proyecto de ley apuesta por una integración completa de los estudiantes en el entorno laboral, requiriendo que sigan las políticas de seguridad, confidencialidad y profesionalidad de las empresas en las que desarrollen sus actividades formativas.
