Hace unos días, una caída global de Amazon Web Services (AWS) dejó sin servicio durante horas a miles de empresas en todo el mundo. Desde plataformas financieras hasta sistemas logísticos o sanitarios, el impacto fue inmediato. Más allá de la anécdota, el incidente volvió a poner sobre la mesa una cuestión estratégica: ¿quién controla realmente la infraestructura digital de Europa?
En un momento en el que los datos son el recurso más valioso de la economía, depender de infraestructuras y proveedores bajo jurisdicciones no europeas representa una vulnerabilidad creciente. Por eso, la soberanía digital ha pasado de ser un ideal político a convertirse en una prioridad económica y regulatoria.
De hecho, varios estudios señalan que en el norte de Europa (Alemania, Países Bajos o los países nórdicos) esta preocupación ya condiciona las estrategias cloud. Las grandes corporaciones buscan garantizar que los datos críticos permanezcan bajo marcos europeos, impulsando modelos híbridos o soberanos que combinan innovación y cumplimiento normativo. Y en ese nuevo mapa digital, España emerge como una plataforma clave para la soberanía digital del continente.
En los dos últimos años, el país ha vivido un crecimiento sin precedentes en inversiones en centros de datos. La decisión sobre dónde ubicar la infraestructura tecnológica ya no depende solo de los costes, sino también de la geopolítica, la regulación y la seguridad jurídica. En este contexto, España ofrece una combinación difícil de igualar: conectividad internacional, estabilidad normativa, energía renovable y talento tecnológico.
Nuestro país ofrece una combinación difícil de igualar: conectividad internacional, estabilidad normativa, energía renovable y talento tecnológico
Hasta 2026 se prevé una inversión superior a 8.000 millones de euros, que multiplicará por cuatro la capacidad actual. Solo la Comunidad de Madrid aspira a movilizar más de 23.000 millones hasta 2028, consolidándose como el principal mercado del sur de Europa.
Los ejemplos son elocuentes. Azora invertirá 2.000 millones de euros en un megacentro de datos en Zaragoza; Vantage Data Centers proyecta otro de 3.200 millones en Villanueva de Gállego; Amazon, Microsoft y Blackstone han elegido Aragón como hub de referencia e Iberdrola y Echelon desarrollarán un centro de 160.000 m² y 144 MW, alimentado íntegramente por energía renovable.
Este impulso no se explica solo por el precio. España se beneficia de una posición geográfica estratégica, con cables submarinos que conectan Europa, África y Latinoamérica, y de un marco regulatorio alineado con los estándares europeos. A ello se suma una disponibilidad creciente de energía verde, un factor diferencial en un contexto global de incertidumbre energética.
La transformación tecnológica amplifica esta oportunidad. La inteligencia artificial (IA) y la analítica avanzada requieren baja latencia, proximidad y jurisdicciones confiables. Sectores críticos como la banca, la energía o la salud no pueden depender de entornos alejados o poco alineados con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas en inglés) y el marco jurídico europeo de sistemas de IA (AI Act). En este nuevo escenario, la confianza regulatoria se convierte en el activo más valioso.
España, además, ofrece un modelo singular: no solo puede ser un nearshore, por su cercanía geográfica y cultural, sino también un valueshore, un socio que aporta valor, cumplimiento normativo y seguridad jurídica. Esa combinación es la que puede convertir al país en el epicentro del modelo europeo de soberanía digital.
El reto ahora es acelerar. Para consolidar esta posición, España debe agilizar permisos, mejorar interconexiones energéticas y reforzar incentivos a la inversión en infraestructuras digitales. La ventana de oportunidad está abierta, pero no lo estará siempre: otros países del sur y del este de Europa están moviendo ficha.
En la nueva economía digital, no bastará con estar cerca: habrá que ser fiables, sostenibles y europeos. España tiene los ingredientes, el talento y la confianza del mercado. Solo falta convertir la oportunidad en una estrategia de país. Porque el futuro de la soberanía digital europea puede escribirse desde nuestras fronteras.
