Este viernes ha entrado en vigor la obligatoriedad de que las familias en España evalúen los riesgos laborales de sus empleados del hogar, medida contemplada en el Real Decreto. Este norma, activada en mayo, daba un plazo de seis meses para que los hogares realizasen la evaluación. Aquellos empleadores que no lo hayan realizado aun podrán ser sancionados.
La web destinada a ello, 'www.prevencion 10.es', puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha sufrido, en las últimas 48 horas, continuas caídas por el aumento de usuarios y un presunto ciberataque. Esta herramienta es el "instrumento de prevención, gratuito y de acceso libre", según explicó el Ministerio, que "permite a las personas empleadoras cumplir con sus nuevas obligaciones legales". Tiene la intención de que quién contrate empleados del hogar pueda autoevaluar los riesgos laborales en su domicilio.
Esto supone un paso más en la aprobación de nuevos derechos para este colectivo, impulsado por la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Díaz ha denunciado la situación de precariedad de los empleados del hogar, colectivo formado por unas 340.000 personas afiliadas, compuesto por más del 90% por mujeres y con gran peso de población migrante, según un estudio realizado por Oxfam Intermón.
Los empleados, al trabajar en un domicilio particular y no en una empresa, no estaban recibiendo cursos sobre prevención de riesgos laborales ni cuales serían los asociados directamente con su labor. Las familias están obligadas a evaluar los riesgos de su empleado, independientemente del tipo de jornada que realice. "Una vez realizada la evaluación de riesgos, se tienen que implementar las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir los riesgos detectados", subrayó el departamento de Díaz.
Además de realizar la autoevaluación, los empleadores tienen la obligación de entregar los informes a los empleados, así como el detalle de las medidas que se han adoptado para solucionarlos. Este contenido tendrá que revisarse y actualizarse periódicamente, especialmente cuando ocurran cambios en las condiciones laborales o se registren incidentes que provoquen daños. Este proceso no se tiene que realizar personalmente, se puede delegar en una empresa especializada.
El procedimiento para realizar la autoevaluación responde a preguntas como están los muebles sujetos a la pared o qué tipos de químicos se usan para la limpieza.
Los empleadores que no cumplan este nuevo plazo se arriesgan a sanciones, reguladas por la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social en lo referido a prevención de riesgos laborales. La no realización de la autoevaluación puede ser considerado como una infracción grave, con sanciones que pueden llegar hasta a los 49.180 euros. Lo común es que el incumplimiento se considere leve, y las multas rondarían los 2.500 euros.
Otras medidas
La nueva normativa también contempla normas adicionales, así como los equipos de protección necesarios para su actividad, que se deberán recibir sin coste, o el curso de formación en prevención de riesgos. Tendrán acceso a un reconocimiento médico gratuito y voluntario cada tres años. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo también anunció la elaboración de un protocolo contra la violencia y el acoso, permitiendo a los trabajadores abandonar el domicilio ante un riesgo grave, sin que ello suponga ser despedido.
