El Gobierno ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) este lunes, 17 de noviembre, para discutir junto a las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas. Este diálogo es crucial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. La reunión está programada para las 12.00 horas, y posteriormente, el Consejo de Ministros aprobará el límite de gasto no financiero, conocido como el ‘techo de gasto’, además de los objetivos de estabilidad y deuda pública, que serán enviados a las Cortes Generales, según confirmó María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda.
En un contexto parlamentario complicado, Junts ha anunciado su intención de bloquear las iniciativas del Gobierno, comprometiendo la aprobación de los Presupuestos. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, destaca que,
si se presenta la misma senda, la volverán a rechazar
insistiendo en la necesidad de un reparto más equitativo entre las instituciones y comunidades autónomas.
A pesar de las dificultades, el presidente Pedro Sánchez ha subrayado que continuará avanzando «con nuevos Presupuestos o sin ellos», manteniendo su «hoja de ruta» hasta el final de la legislatura en 2027.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sostiene que las comunidades autónomas no necesitan un objetivo mayor de déficit que el 0,1% planteado el año pasado y no aprobado. Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, participará en la reunión del CPFF sin derecho a voto.
Además del debate sobre los objetivos de déficit, el CPFF también discutirá la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión pendiente desde hace más de una década. El Ministerio de Hacienda trabaja en una propuesta para reformar este sistema, buscando que los ingresos del IRPF, IVA y otros impuestos lleguen «a la vez» al Estado y las comunidades autónomas, eliminando las críticas actuales al modelo.
Hacienda también tiene pendiente un acuerdo con ERC para una financiación singular para Cataluña, cuya forma de implementación aún está por definirse. En la legislatura pasada, se presentó una propuesta basada en el criterio de población ajustada, pero quedó sin materializar debido a elecciones recientes y cambios políticos.
