El Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid ha dictado una sentencia crucial contra Meta, ordenando el pago de 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias, como Europa Press, integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI). La sentencia, que aún permite recurso, responde a la denuncia sobre prácticas publicitarias desleales en Facebook e Instagram, contrarias al Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD).
El fallo del tribunal madrileño resalta que Meta obtuvo una ventaja competitiva injusta mediante el uso indebido de millones de datos personales, lo que afectó negativamente a la prensa digital española. Dicha sentencia se apoya en el artículo 15.1 de la Ley de Competencia Desleal (LCD), que califica de desleal el obtener ventajas mediante la infracción de leyes, en este caso, el RGPD.
El tratamiento ilícito de esta enorme cantidad de datos personales supuso para Meta una ventaja competitiva que la prensa digital española no podía igualar
En 2018, Meta cambió la base legal del consentimiento de los usuarios a la necesidad de ejecución del contrato. Esta modificación resultó en la sanción de diciembre de 2022 por parte de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. La prensa digital reclama que de haberse mantenido la base legal original del consentimiento, Meta habría evitado infracciones y demandas como las actuales.
El fallo subraya la significativa cantidad de 5.281 millones de euros ganados por Meta en España, con prácticas publicitarias que violaron el RGPD. Esta cifra podría haber sido mayor si Meta hubiera revelado sus cuentas en el país. La sentencia también toma en cuenta el estudio de la CNMC, que aporta datos y criterios para calcular las indemnizaciones asociadas.
La decisión podría establecer un precedente importante en el ámbito publicitario, tanto en España como en el resto de la Unión Europea. La resolución del Parlamento Europeo de octubre de 2018 subrayó la importancia de la legislación de competencia en el control del tratamiento ilícito de datos personales. En Francia, ya se está tramitando una demanda similar contra Meta.
