A veces se dice que poner cifras a la violencia machista es "materializar lo que es humano", pero sucede lo contrario: al medir su impacto económico comprendemos mejor hasta qué punto atraviesa la vida social, la salud pública, la productividad, la justicia y, en definitiva, las posibilidades reales de las mujeres maltratadas para vivir en libertad.
El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ha convertido en la fecha en la que ese impacto se mira de frente. Y no solo desde la memoria y la denuncia, sino también desde la constatación de que la violencia machista empobrece a un país entero.
El origen del 25N
El 25N tiene un origen profundamente político y latinoamericano. Ese día de 1960, las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) fueron asesinadas en la República Dominicana por orden del dictador Rafael Trujillo. Las "Mariposas", como eran conocidas en la resistencia, representaban para el régimen no solo un desafío político, sino una amenaza simbólica: mujeres instruidas, activas, capaces de movilizar a otros. Su asesinato conmocionó al país y, con el tiempo, se convirtió en un símbolo de la violencia ejercida contra las mujeres por el simple hecho de serlo.
En 1981, el movimiento feminista latinoamericano decidió convertir esa fecha en un día de denuncia contra todas las formas de violencia machista. Y en 1999 la ONU reconoció oficialmente el 25 de noviembre como la jornada internacional para visibilizar el problema. Desde entonces, cada año se tiñen de morado las calles de cientos de ciudades para recordar que no es un asunto privado, sino una cuestión de derechos humanos.
España y la factura invisible de la violencia machista
En España, la violencia machista deja una huella económica mucho más grande de lo que suele imaginarse. El estudio más reciente del Ministerio de Igualdad, publicado en 2024, calculó que solo en 2022 la violencia de género en la pareja y la violencia sexual fuera de ella supusieron un coste de 4.933 millones de euros. Esto equivale aproximadamente al 0,37% del PIB, o lo que es lo mismo: 104 euros al año por cada persona que vive en España.
La mayor parte de esa cifra procede de gastos sanitarios, servicios sociales, costes judiciales y pérdida de empleo y productividad. Cuando una mujer sufre una agresión, la economía entera se resiente: faltas al trabajo, tratamientos médicos, intervenciones policiales, recursos de emergencia, protección para hijos, asistencia psicológica… Pero estas son solo las partes visibles del iceberg.
Las estimaciones cambian dependiendo de la metodología empleada. Cuando se utilizan criterios más amplios, los que aplica el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), la cifra se dispara. Según ese método, que incluye también los costes intangibles como el sufrimiento y el impacto a largo plazo en la salud, la violencia machista costaría a España más de 30.000 millones de euros anuales. La diferencia entre ambos cálculos no es una contradicción, sino la evidencia de que, cuanto más fina es la herramienta de medición, más clara aparece la magnitud del problema.
Según EIGE, la violencia de género supone un coste aproximado de 366.000 millones de euros al año en el conjunto de la UE
La mirada europea
Si ampliamos el foco a la Unión Europea, el panorama es incluso más demoledor. Según EIGE, la violencia de género supone un coste aproximado de 366.000 millones de euros al año en el conjunto de la UE. De esta cifra, la violencia contra las mujeres representa casi el 80%, con unos 289.000 millones de euros. Para entenderlo en términos cotidianos: es como si cada persona europea pagara más de 800 euros al año por la existencia de la violencia machista.
Los países más poblados -Alemania, Francia, Italia, España- acumulan los mayores costes absolutos. Alemania, por ejemplo, ha llegado a estimar más de 17.000 millones de euros anuales solo por la violencia en la pareja contra las mujeres. Pero cuando se analiza el coste por habitante, los países nórdicos y bálticos también aparecen en posiciones altas, algo que suele relacionarse no con una mayor violencia, sino con mejores sistemas de detección, denuncia y registro.
Lo que EIGE subraya con más insistencia es que el daño emocional y físico a las víctimas representa más de la mitad del coste total. No es la policía, ni los juzgados, ni los hospitales lo que más dinero consume: es el dolor, la discapacidad, la pérdida de calidad de vida, el impacto en la salud mental. Es la vida rota.
Para entenderlo en términos cotidianos: es como si cada persona europea pagara más de 800 euros al año por la existencia de la violencia machista
Invertir para prevenir
Cada noviembre, cuando se discuten los presupuestos públicos, suele aparecer el argumento de que las políticas contra la violencia machista son “muy costosas”. Los datos demuestran justo lo contrario: lo costoso es no tenerlas.
EIGE calcula que los servicios de refugio, acogida y atención especializada representan apenas el 0,4% del coste total de la violencia machista en la UE. Es decir: invertir en protección y prevención sale infinitamente más barato que asumir las consecuencias de la violencia.
Prevenir, educar, disponer de recursos suficientes, formar a profesionales, proteger a las víctimas, garantizar su autonomía económica… no es gasto: es ahorro social, económico y humano. Pero sobre todo, es una obligación ética.
El 25N, un recordatorio anual
Cada 25 de noviembre, el homenaje a las hermanas Mirabal se mezcla con los nombres de miles de mujeres asesinadas en todo el mundo. La fecha nació como un acto de memoria, pero hoy es también una herramienta de análisis: nos recuerda que la violencia machista no es inevitable, ni privada, ni "puntual". Es un problema estructural que destruye vidas y recursos, que genera pobreza y desigualdad, y que limita la libertad de la mitad de la población.
Ponerle cifras no es reducirla, sino hacerla visible. Porque cuando un país comprende cuánto le cuesta la violencia machista, entiende también cuánto puede ganar combatiéndola.
