El vicepresidente primero de la CEOE, Miguel Garrido, ha lanzado una severa crítica ante la situación que considera desfavorable para las empresas en España. En el marco del VII Foro Iberoamericano de la mipyme, que tuvo lugar en Tenerife, Garrido enfatizó la necesidad de que el Gobierno cambie su enfoque hacia el tejido empresarial.
Durante una entrevista con Europa Press, Garrido expresó que el Gobierno debería, en lugar de solamente incitar a que las empresas sean más fuertes, crear un entorno propicio para su fortalecimiento. “Para empezar, no atacándolas, como se ha estado haciendo estos años, criminalizando los beneficios empresariales y la actividad empresarial”, afirmó.
Por su parte, Jordi Hereu, Ministro de Industria y Turismo de España, defendió en el mismo foro la importancia de “fortalecer la base material, económica empresarial” para sostener el modelo de democracia social europeo. Según Hereu, una base económica sólida es esencial para mantener los valores de libertad y derechos.
Garrido también subrayó la clara relación entre empresas sólidas y el mantenimiento del estado del bienestar. Sin embargo, insistió en que el Gobierno tiene que establecer las condiciones necesarias para que las empresas puedan contribuir efectivamente a este propósito.
“Lo que tienen que hacer más que decirlo, es poner las condiciones para que esto se pueda llevar a cabo”
El vicepresidente primero de la CEOE destacó además la problemática situación de los salarios en España, donde el sueldo medio está por debajo de la media europea. Según él, esto se debe en parte a las altas cotizaciones sociales, que funcionan como un «impuesto directo al empleo». Propuso que una reducción en estas cotizaciones permitiría a las empresas mejorar la remuneración de los trabajadores, afirmando que, de lo contrario, la presión fiscal actual seguirá obstaculizando el progreso.
Por último, Garrido criticó la manera de operar del Gobierno en cuestiones laborales. “Este es un Gobierno que está muy acostumbrado a imponer, no a negociar”, comentó, refiriéndose al reciente desencuentro con el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre la ley de prevención de riesgos.
