En el marco de la lucha contra la emergencia climática, las formaciones políticas Sumar, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han presentado una ambiciosa propuesta en el Congreso de los Diputados de España. La iniciativa busca desarrollar ayudas que puedan cubrir hasta el 100% del coste necesario para la adaptación y rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos. Con esta medida, se pretende garantizar que todos los hogares cuenten con sistemas de refrigeración o aire acondicionado eficientes.
Propuestas financieras y fiscales
La propuesta registrada en una proposición no de ley, cuyo debate se realizará en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, incluye políticas innovadoras y progresivas. Entre ellas se encuentra el impulso de soluciones pasivas, como la ventilación cruzada y el aislamiento, además de sistemas de climatización de alta eficiencia como las bombas de calor.
Una de las propuestas fiscales destacadas es el establecimiento de la ‘tasa Zucman’
, que busca imponer un suelo impositivo del 2% anual sobre el patrimonio neto de personas con una riqueza superior a los 100 millones de euros. Esta medida se propone implementar dentro de un plazo de tres meses.
Inversiones en infraestructuras y conservación del ecosistema
Además, se propone el despliegue de una capa «verde-azul» de infraestructura urbana, contemplando corredores de sombra, áreas verdes y la renaturalización de cuerpos de agua urbanos. Las propuestas más relevantes también abordan la necesidad de reformular el impuesto extraordinario sobre empresas energéticas, así como la vinculación del Fondo Social para el Clima con la ley de comercio de derechos de emisión.
La iniciativa también destaca la importancia de los ecosistemas como parte del Estado del Bienestar
, mediante un Sistema Estatal de Pago por Servicios Ambientales. Se promueve la conservación de ecosistemas marinos y costeros, reduciendo el impacto ecológico de las actividades humanas y estableciendo áreas protegidas bajo gestión participativa.
Finalmente, se enfatiza la necesidad de adaptación climática institucional, impulsando la formación climática certificada para funcionarios y la creación de bolsas administrativas de talento climático. Las propuestas buscan robustecer la infraestructura pública en la lucha contra el cambio climático, alineándose con las necesidades ecológicas actuales y futuras.
