La reciente detección de nueve jabalíes contaminados por la peste porcina africana (PPA) en la sierra barcelonesa de Collserola ha encendido todas las alarmas del sector porcino español, uno de los pilares económicos del país y especialmente relevante en Cataluña. El hallazgo ha tenido un efecto inmediato en el mercado: las primeras caídas de precios se registraron en la lonja de referencia, Mercolleida, y los distintos actores del sector -ganaderos, empresas integradoras, mataderos y fabricantes de pienso-, han intensificado la presión sobre el Ministerio de Agricultura para potenciar las exportaciones fuera de la Unión Europea mediante la aplicación de la llamada regionalización. Este mecanismo permitiría que únicamente se excluyeran de las operaciones comerciales los cerdos procedentes de la provincia de Barcelona, o incluso de zonas más pequeñas como comarcas, lo que permitiría mantener la actividad comercial de buena parte del país.
Tras el brote, la Junta de Precios de Porcino de Mercolleida celebró una sesión extraordinaria que concluyó con una rebaja significativa: el precio del kilo de cerdo vivo bajó diez céntimos sobre el precio del jueves anterior, situándose el cerdo selecto en 1,212 euros, el cerdo normal en 1,200 euros y el cerdo graso en 1,188 euros por kilo. La cotización de la cerda es de 0,480 euros, mientras que el lechón de 20 kilos se mantiene en 31 euros a precio base de Lleida. Se trata de una de las caídas más fuertes desde la llegada del euro, y refleja la preocupación generalizada del sector ante la posibilidad de que el brote se expanda hacia la provincia de Girona, lo que podría provocar un cierre masivo de mercados y desplomes adicionales de precios.
El impacto económico de la PPA no se limita a los productores locales. España es el principal productor y exportador de porcino dentro de la Unión Europea, con un volumen de exportaciones que alcanza las 2,6 millones de toneladas y un valor económico cercano a los 8.830 millones de euros anuales. Cataluña, como principal comunidad productora, concentra más de tres millones de euros de facturación, siendo Lleida y la comarca de Osona (Barcelona) puntos estratégicos de producción, matanza y exportación. Por ello, la regionalización del brote se presenta como una herramienta vital para minimizar las pérdidas y mantener la confianza de los mercados internacionales.
La reacción del sector ha sido rápida. El sindicato Unió de Pagesos (UP) y asociaciones como Asaja han pedido medidas inmediatas y un plan nacional de control de plagas que evite que la aparición de la PPA en fauna silvestre se traduzca en una crisis económica para los productores. Mientras tanto, competidores internacionales como Brasil y Estados Unidos han detectado oportunidades para aumentar su presencia en mercados clave para España.
La diplomacia comercial también juega un papel crucial. La reciente visita de los Reyes de España a China fortaleció los acuerdos de regionalización aplicados al comercio agroalimentario. Gracias a este mecanismo, el veto se limita únicamente a la zona afectada, lo que permite mantener la exportación desde el resto de España y genera confianza en otros mercados extracomunitarios, incluidos Japón, México y el Reino Unido. Según Alberto Herranz, director de Interporc, la regionalización es clave para demostrar a los importadores internacionales que España mantiene altos estándares sanitarios y de control, incluso ante la aparición de un brote.
Las empresas integradoras en Cataluña destacan que mantener el brote estrictamente delimitado es crucial para proteger la producción en zonas estratégicas como Vic y la plana de Barcelona. La expansión del virus no solo impactaría a los ganaderos, sino que podría saturar los mataderos y congelar la carne en cámaras sin capacidad de salida, afectando a toda la cadena de valor. Ignasi Pons, secretario general de FECIC, subraya que el mayor desafío es evitar que el foco se propague más allá de la provincia de Barcelona, ya que, de lo contrario, la crisis podría tener repercusiones dramáticas en toda la Unión Europea.
El Govern cifra en 3.000 millones las exportaciones afectadas por la peste porcina africana
