El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa está en las etapas finales de preparación de un anteproyecto de ley diseñado para limitar los tipos de interés de los préstamos al consumo. Así lo ha anunciado Carla Díaz Álvarez de Toledo, directora general del Tesoro, durante un evento de Asnef, la patronal de establecimientos financieros de crédito. Este desarrollo legal responde a la necesidad de implementar la nueva directiva de crédito al consumo, que debía haber entrado en vigor el pasado noviembre. La normativa europea permite a los Estados miembros incluir ciertas disposiciones, y España optará por introducir nuevos topes en los intereses de estos préstamos.
En su presentación, Díaz enfatizó el papel fundamental de la transparencia y la seguridad jurídica como pilares para un crédito responsable. Además, subrayó la importancia de fomentar una «mayor profesionalización» entre los oferentes, dado el incremento de empresas de financiación no reguladas. Destacó también que la nueva directiva no solo reforzará la transparencia, sino que su ámbito de aplicación se extenderá para ofrecer cobertura más amplia, garantizando un elevado grado de equidad y profesionalidad.
Impacto económico de la financiación
El evento también fue la plataforma para presentar el informe ‘Impacto socioeconómico y tributario de los establecimientos financieros de crédito’, elaborado por PwC para Asnef. Según el documento, la contribución al PIB de los créditos y préstamos concedidos por estas entidades aumentó un 6,5% en 2024, alcanzando los 38.685 millones de euros. La financiación aportó 81.498 millones de euros, representando el 2,4% de la riqueza nacional. Asimismo, la recaudación fiscal generada ascendió a 9.967 millones de euros, lo cual supone el 3,4% de los ingresos tributarios de España.
«En base a estos datos, por cada euro de impuestos y cotizaciones sociales vinculado directamente a la financiación, se recaudaron 2,5 euros en las arcas públicas,» señala la patronal.
Contribución al empleo
En términos de empleo, la financiación de estas entidades fue crucial para sostener 689.137 puestos de trabajo en 2024 —un incremento del 5,9% respecto a 2023—, contribuyendo a mantener uno de cada 31 empleos en el país. En paralelo, la actividad propia de estos establecimientos añadió 6.600 millones de euros al PIB y facilitó la conservación de 40.560 empleos. Además, su contribución fiscal incrementó hasta los 1.374 millones de euros, un aumento del 7,3% en comparación con el año anterior.
