Empleados públicos interinos y en situación de «abuso de temporalidad» se manifestarán este martes, 9 de diciembre, frente al Congreso de los Diputados en Madrid. La convocatoria tiene como objetivo exigir la conversión a fijos de estos trabajadores, amparándose en la legislación europea y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Concentración apoyada por distintas asociaciones
La protesta, programada para las 11:00 horas, ha sido organizada por varias asociaciones, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Madrid, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (Ansiti) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp). Los convocantes denuncian que la temporalidad en el sector público español llega al 32,24%, afectando a 979.409 trabajadores, algunos con décadas de antigüedad.
Este tipo de contratación es una práctica ordinaria y abusiva dentro de la gestión pública española, como la ha denominado el TJUE en cuatro sentencias
Estas sentencias instan al Gobierno español a regularizar la situación. Mientras la temporalidad sigue disminuyendo, Aicafp señala que esta reducción es una maniobra engañosa, pues muchas plazas son cubiertas por concurso de oposición ordinaria, dejando fuera a trabajadores en abuso de temporalidad.
Impacto económico y social del abuso de temporalidad
El coste de esta situación podría ser alto para el Estado. Calculan que, en el primer semestre de 2025, 92.200 personas con contrato temporal fueron despedidas sin coste, lo cual podría traducirse en 3.000 millones de euros en multas de Europa. Aicafp destaca que «el abuso tiene rostro»: el 70% de los afectados son mujeres mayores de 50 años, en riesgo de exclusión laboral.
Según las cifras, España excede el límite europeo del 8% de temporalidad legal, elevando un 32% con más de 800.000 personas en fraude de ley. La Aicafp advierte que, si se ejecutaran los despidos, el coste de las indemnizaciones podría alcanzar el 2,5% del PIB español, es decir, 33.000 millones de euros. «Su ejecución inmediata provocaría un shock de déficit», indican.
La denuncia también pone el foco en las comunidades autónomas, responsables del 62,66% del personal afectado. Andalucía, por ejemplo, podría enfrentar una factura de 3.900 millones de euros, mientras que Cataluña se enfrentaría a 3.050 millones y Madrid a 2.750 millones. «Ninguna comunidad tiene margen para absorber tal gasto sin ayuda externa», aseguran.
A pesar de un compromiso gubernamental reciente para eliminar la tasa de reposición progresivamente, Aicafp advierte que estas promesas podrían ser ilusorias, activando multas coercitivas de 100.000 euros diarias tras una carta de emplazamiento de Bruselas.
Exigimos la fijeza como única solución legal admitida por Europa, que no cuesta dinero
