Los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo crucial para la inmovilización indefinida de 210.000 millones de euros en activos rusos congelados en territorio europeo. Esta decisión representa un paso significativo hacia la financiación del «préstamo de reparación» a Ucrania, que los líderes europeos debatirán en la próxima cumbre.
El pacto, alcanzado por una «aplastante mayoría» según fuentes europeas, implica la revisión del artículo 122 de los Tratados de la UE. Este artículo permitirá prohibir la transferencia de activos a Rusia mientras continúe la guerra, con base en una cláusula excepcional que se activa por mayoría cualificada. Esta estrategia permite eludir el veto recurrente de Hungría, que ha dificultado decisiones sobre Ucrania, como la prórroga de sanciones contra Rusia.
Pese al acuerdo, Hungría ha mostrado su oposición, calificando la decisión como «sin precedentes» y basada en una «base legal incorrecta.»
Además, el Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán, ha criticado el carácter «indefinido» del acuerdo, ya que su reversión requeriría una mayoría cualificada de los 27 miembros de la UE una vez finalice el conflicto.
El acuerdo también allana el camino para la propuesta de la Comisión Europea de utilizar la liquidez de estos activos para financiar un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. Este préstamo, previsto para cubrir necesidades de financiación en los próximos dos años, no exigirá devolución si Rusia cesa el conflicto y compensa económicamente a Ucrania. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó que esta propuesta podría aprobarse con una «mayoría cualificada» a pesar del rechazo inicial de Bélgica.
António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha manifestado optimismo respecto a que los líderes confirmarán el acuerdo en la cumbre del 18 de diciembre. El respaldo de siete líderes de la UE, incluyendo Irlanda, Polonia y Lituania, evidencia el apoyo a esta solución, considerada «más viable» en términos financieros y «más realista» políticamente. Este respaldo se hizo público tras la reunión del primer ministro belga, Bart de Wever, con líderes europeos, donde reiteró su reticencia hacia la iniciativa.
