España tiene ante sí una oportunidad económica significativa si logra movilizar la inversión necesaria para desarrollar 80.000 viviendas asequibles. Esta acción podría añadir 14.700 millones de euros al PIB, lo que equivale a un 1%, resaltando que el acceso a la vivienda es un desafío no solo social, sino también económico y estructural para el país en la próxima década.
Según el informe ‘The Living Property Telescope’, elaborado por EY-Parthenon, España acumula desde 2015 un déficit estructural de 870.000 viviendas. Esta situación genera tensiones, especialmente en grandes ciudades, donde la construcción de viviendas sostenibles y bien conectadas es un reto continuo. Para evitar que esta brecha se incremente en otras 700.000 viviendas en los próximos años, sería esencial incrementar los desarrollos urbanos y acelerar los procesos hasta alcanzar una producción de 130.000 viviendas anuales en los próximos 15 años.
A pesar de que la nueva oferta de viviendas para los próximos cinco años se estima en 830.000 unidades, apenas cubrirá la mitad de la demanda. De estas, 650.000 serán viviendas clásicas, mientras que solo 80.000 se destinarán a viviendas asequibles, 30.000 a viviendas flexibles, 20.000 a residencias de estudiantes y 50.000 a otros tipos emergentes.
El segmento living se está consolidando como uno de los grandes motores de inversión y creación de empleo, pero es imprescindible eliminar las barreras regulatorias para dar una respuesta real a la demanda.
El desarrollo de vivienda asequible podría crear 55.000 empleos directos e indirectos y generar 4.600 millones de euros en recaudación fiscal adicional. En términos de vivienda total, reducir la brecha habitacional elevaría el PIB un 10%, creando 600.000 empleos y generando 50.000 millones de euros adicionales en ingresos públicos, además de movilizar más de 200.000 millones de inversión en cinco años. El impacto sería notable en Madrid, Cataluña y Andalucía, que podrían sumar hasta 84.000 millones de euros al PIB conjunto.
El informe sugiere aumentar la producción hasta 300.000 unidades anuales, simplificar la regulación, fomentar la construcción industrializada y modular, capaz de acortar los plazos de ejecución significativamente, reforzar la colaboración público-privada y acelerar la rehabilitación de edificios y la conversión de oficinas a uso residencial.
En 2025, se espera que la inversión institucional en el segmento residencial se recupere, alcanzando volúmenes transaccionados de 6.200 millones de euros, acercando a España al 10% del mercado europeo.
Comprar una vivienda exige 7,3 años de ingresos anuales en la actualidad, frente a los 4,2 años necesarios hace tres décadas, superando los 10 años en Madrid y Barcelona.
El informe también resalta el encarecimiento del alquiler, con un incremento del 26% en dos años y del 30% en las grandes ciudades. Además, solo el 27% de los menores de 30 años puede acceder a una vivienda en propiedad. Estos desafíos se agravan por el envejecimiento del parque residencial, donde el 49% de las viviendas tiene más de 40 años. Con la población española en aumento, estas cifras ponen de relieve la urgencia de abordar el déficit habitacional para equilibrar oferta y demanda en el mercado.
