La Comisión Europea ha planteado este miércoles la suspensión temporal de los aranceles a los fertilizantes. Esta medida se discute dentro de un grupo de estrategias más amplias abordadas durante una reunión informal con los ministros de Agricultura de los Estados miembro. El encuentro, presidido por los comisarios europeos de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, Agricultura y Desarrollo Rural, Christophe Hansen, y Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, también examinó el futuro de la Política Agraria Común (PAC) y los principales retos del sector agrario europeo.
Según el comisario Maros Sefcovic, mantener el acceso a fertilizantes a precios asequibles es crucial tanto para los ingresos de los agricultores como para la seguridad alimentaria de Europa. Los precios de estos insumos aún se sitúan un 60% por encima de los niveles de 2020. La Comisión está considerando suspender de forma temporal los aranceles de la nación más favorecida (NMF) en productos como el amoníaco y la urea, con el objetivo de aliviar la presión sobre los productores europeos y fortalecer la seguridad alimentaria.
España se ha mostrado alineada con esta iniciativa, según el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, resaltando que los fertilizantes representan «uno de los grandes agujeros estratégicos» de la Unión Europea en la producción de alimentos
Christophe Hansen, comisario de Agricultura, también destacó la importancia de acompañar esta medida con mecanismos de control. Es crucial garantizar que la reducción de aranceles beneficie directamente a las explotaciones agrarias y no se pierda en la cadena de suministro.
Los ministros analizaron el futuro de la Política Agraria Común (PAC), enfocándose en su financiación y el próximo marco financiero plurianual que comenzará después de 2027. La estabilidad de las ayudas comunitarias es un tema candente en un sector preocupado por la volatilidad de los mercados internacionales y la competencia procedente de terceros países.
Además, se debatió sobre la necesidad de simplificar los procedimientos administrativos para reducir la carga burocrática que enfrentan los agricultores. Este punto es una de las principales reclamaciones del sector, en un contexto donde la seguridad alimentaria ha adquirido un carácter estratégico para la Unión Europea.
