El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado la urgencia de intervenir en el mercado de la vivienda. Según un informe del Ministerio, basado en datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), la brecha en la renta entre caseros e inquilinos es alarmante: los arrendadores tienen ingresos que son un 82% superiores, lo que equivale a una diferencia de 23.638 euros. Específicamente, la renta mediana de los caseros asciende a 52.449 euros, mientras que los inquilinos perciben 28.810 euros.
Tras una reunión con la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), Bustinduy subrayó que en algunas comunidades autónomas, esta diferencia de renta es aún más pronunciada, doblando los ingresos de los inquilinos. Este es el marco en el que se desarrolla la actual crisis de vivienda en España.
El ministro Bustinduy criticó la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ofrecer incentivos fiscales a los propietarios, asegurando que no se deben destinar recursos públicos para premiar a los caseros. En su lugar, el ministro abogó por utilizar estos recursos para aliviar la situación de las familias trabajadoras a través de medidas como la prórroga de los contratos de alquiler que vencerán en 2026 y 2027.
Bustinduy aseguró que nadie pierde con esta fórmula, refiriéndose a la prórroga automática que evitaría aumentos abusivos de los alquileres de hasta un 50% según la ciudad.
Defendiendo la constitucionalidad de su propuesta, Bustinduy insistió en que la solución a la crisis de vivienda pasa por proteger el derecho de los inquilinos a continuar en sus hogares, en lugar de otorgar beneficios fiscales a los caseros. Además, el ministro sugirió que existe margen para negociar un decreto ley que intervenga en el mercado de vivienda de manera efectiva para apoyar a las personas trabajadoras.
No se apoyará el decreto ley anunciado por Sánchez en los términos actuales, advirtió Bustinduy, revalidando la necesidad de reformas que prioricen el bienestar de los inquilinos frente a incentivos a los arrendadores.
