Los decretos leyes que abarcan la prórroga de las ayudas al transporte público y la revalorización de las pensiones para 2026 han sido calificados por la Mesa del Congreso y están listos para ser votados en el Pleno a finales de este mes. Estos decretos, aprobados por el Gobierno en el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2025, se encuentran en vigor desde su publicación, pero necesitan la ratificación del Congreso para mantenerse activos. Fuentes parlamentarias sugieren que la votación se llevará a cabo en un pleno extraordinario el 27 de enero.
El decreto relacionado con las ayudas al transporte establece que las bonificaciones existentes se prolongarán desde el 1 de enero durante todo 2026. En los servicios estatales de autobús, los menores de catorce años continuarán viajando de manera gratuita. El bono de diez viajes conservará un descuento del 40%, el abono mensual nominativo del 50% y el abono joven, para aquellos menores de 26 años, del 70%. Además, esta legislación introduce el abono único de transportes para toda España a un precio de 60 euros, siendo de 30 euros para los menores de 26 años, integrando autobuses interregionales estatales y trenes de Cercanías y Media Distancia.
Por otro lado, el segundo decreto ley otorga una revalorización del 2,7% para las pensiones en general y expande el llamado escudo social, el cual incluye la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos para los más vulnerables. Según la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se revalorizarán cerca de trece millones de pensiones en el país. Dentro de este marco, las pensiones mínimas verán un incremento del 7%, pudiendo alcanzar hasta un 11,4% en casos específicos como las pensiones mínimas con cónyuge a cargo o las de viudedad con cargas familiares. Las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital incrementarán también un 11,4%.
El decreto ley también fija la actualización de las bases de cotización del sistema y prevé incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos
También se establece la exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales resultantes de los incendios forestales del pasado verano en varias comunidades autónomas. Estas medidas, en su conjunto, subrayan el compromiso del Gobierno hacia la sostenibilidad y la protección social, integrando esfuerzos para asistir a sectores clave de la sociedad y la economía.
