El Gobierno de España, en acuerdo con Podemos, ha puesto en marcha una regularización extraordinaria de inmigrantes, un proceso que podría beneficiar a cerca de medio millón de personas en situación irregular en el país. La medida busca reconocer la realidad de los migrantes que ya viven y trabajan en España sin permisos legales, otorgándoles un permiso de residencia inicial de un año con derecho a trabajar en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Además, esta autorización permitirá la integración progresiva en el sistema legal de extranjería, y se extenderá también a los hijos menores de los solicitantes, quienes recibirán un permiso de cinco años. La iniciativa se tramita mediante Real Decreto, lo que permite agilizar su aplicación sin necesidad de pasar por el Congreso, aunque ha generado controversia política, con el PP y Vox en contra, mientras que Podemos y el PSOE defienden su carácter urgente y humanitario.
El proceso comenzará a principios de abril y se extenderá hasta finales de junio, con un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes. Sin embargo, una vez admitida la petición, en un plazo de 15 días los solicitantes podrán trabajar legalmente, lo que supone una ventaja inmediata tanto para los migrantes como para las empresas que necesitan mano de obra formalizada. Para acceder a la regularización, se exige acreditar una estancia mínima de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025, no tener antecedentes penales y demostrar que no representan un riesgo para el orden público. Los documentos válidos para acreditar residencia incluyen empadronamiento, contratos de alquiler, facturas de servicios, citas médicas o incluso envíos de remesas, atendiendo a la complejidad de la situación de muchas personas en situación irregular.
Desde el punto de vista económico, esta medida puede tener un impacto positivo en distintos sectores. La legalización de medio millón de trabajadores permitirá cubrir vacantes en áreas como la hostelería, la agricultura, la construcción o los servicios domésticos, donde la mano de obra irregular ha sido tradicionalmente significativa. Además, la incorporación formal de estos trabajadores incrementará las cotizaciones a la Seguridad Social, reforzando el sistema y contribuyendo a un crecimiento económico sostenible. Según datos recientes, los extranjeros representan aproximadamente el 16% de los afiliados a la Seguridad Social, y la regularización podría sumar cientos de miles de cotizantes más, generando seguridad jurídica para empresas y estabilidad laboral para los trabajadores.
Más allá del ámbito económico, la regularización tiene también un efecto social relevante. Permite que los migrantes accedan a servicios sanitarios y sociales con normalidad, obtengan contratos legales y vivienda digna, y vivan sin temor a expulsiones o sanciones. Asimismo, fomenta la integración familiar y social, ofreciendo estabilidad a los hijos menores que acompañan a los solicitantes. Desde la perspectiva del Gobierno, se trata de una medida que reconoce la dignidad y los derechos humanos de quienes ya contribuyen al país, y que evita la explotación laboral asociada a la irregularidad.
Históricamente, España ha implementado varias regularizaciones extraordinarias, siendo la de 2005 la más extensa, con más de 570.000 beneficiarios, mientras que los gobiernos de Aznar y Felipe González también llevaron a cabo procesos similares. La diferencia con la medida actual es su alcance cuantitativo y su rapidez, gracias al uso del Real Decreto, y el enfoque en la integración laboral inmediata. A nivel político, la medida ha generado debates sobre posibles “efectos llamada”, aunque el Gobierno insiste en que la regularización no se repetirá de manera frecuente y que responde a necesidades estructurales y sociales.
Con todo, la regularización de inmigrantes en España representa un hito social y laboral, con potencial de mejorar la seguridad jurídica para las empresas, garantizar derechos para los trabajadores y fortalecer la cohesión social. Al mismo tiempo, plantea retos administrativos y de gestión, pues se espera un gran volumen de solicitudes en un periodo corto. No obstante, la experiencia previa y la planificación anunciada por el Gobierno buscan asegurar un proceso ágil, eficaz y beneficioso para todos los actores implicados, desde los migrantes hasta el conjunto del mercado laboral español.
