Economía

El Gobierno aprueba nuevo «escudo social» con suspensión de desahucios y bono energético hasta 2026

El Gobierno aprueba un decreto para proteger a hogares vulnerables, prorrogar desahucios y extender el bono social energético hasta 2026.

El Gobierno aprueba nuevo «escudo social» con suspensión de desahucios y bono energético hasta 2026
Por Redacción Capital

El Consejo de Ministros ha adoptado un nuevo real decreto ley del denominado ‘escudo social’, que persigue proteger a hogares vulnerables y garantizar el acceso a suministros básicos. Destacan medidas como la prórroga de la suspensión del desalojo para hogares sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un fondo de inversión, así como la extensión del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.

El decreto abarca áreas clave como la vivienda, energía, empleo, tributación y financiación territorial. En el ámbito de la vivienda, se mantiene la suspensión de desahucios para inquilinos en situación vulnerable sin opciones habitacionales, mientras que propietarios con una o dos viviendas (o que también se encuentren en situación de vulnerabilidad) están exentos de esta prórroga. A los servicios sociales les corresponde apoyar en la búsqueda de alternativas habitacionales de emergencia.

El Gobierno asegura que estas medidas blindan a las personas vulnerables de posibles desalojos en propiedades de grandes tenedores o fondos inversores

En el sector energético, la prórroga del bono social y la garantía de suministros básicos son extensivas hasta finales de 2026, junto con ajustes en la retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares. En materia de empleo, se prolonga la prohibición de despidos para empresas beneficiarias de ayudas públicas.

El decreto introduce modificaciones fiscales como incentivos para vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga, exenciones en el IRPF por indemnizaciones relacionadas con incendios forestales y deducciones por mejoras de eficiencia energética en viviendas. Asimismo, las concesiones de ayudas por la DANA se amplían, junto con otras exenciones fiscales para apoyos otorgados por la Generalitat Valenciana.

La actualización de las entregas a cuenta para comunidades autónomas y entidades locales, así como la prórroga de la suspensión de la causa de disolución por pérdidas debido a sucesos naturales, forman parte de las medidas de financiación contempladas. En declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Portavoz Elma Saiz respaldó estas decisiones como pasos importantes para «mejorar la vida de la gente» y retó al Partido Popular al interrogar qué les molesta de un escudo social que protege a los vulnerables.

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