La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una crítica contundente sobre el reciente recorte de las ayudas al coche eléctrico en España. Según la asociación, estas ayudas, que ya eran calificada de «insuficientes», han disminuido aún más en el Real Decreto-ley 2/2026 y el nuevo ‘Plan Auto+’. Aunque se mantiene la deducción del 15% en el IRPF hasta 3.000 euros para la compra de coches eléctricos y se facilita el acceso a estas ayudas, la cuantía y el alcance de las mismas son insuficientes al eliminar las destinadas a la instalación de cargadores domésticos.
La sostenibilidad no puede ser un lujo accesible solo para los más privilegiados
ha afirmado la OCU, recordando que el alto precio sigue siendo un importante obstáculo para la movilidad eléctrica en el país. Esta organización destaca que el importe máximo de las ayudas se ha reducido de 7.000 a 4.500 euros debido a la eliminación de la oferta por el achatarramiento de vehículos antiguos, la cual era esencial para retirar del mercado las unidades más contaminantes y rejuvenecer el parque automovilístico en España.
Además de las preocupaciones sobre las ayudas, la OCU ha resaltado que la eliminación de subvenciones para cargadores domésticos crea una «nueva barrera», especialmente para las familias con rentas bajas. Esta situación, agravada por las tarifas eléctricas poco competitivas, es vista como una condición crítica que desincentiva la compra de vehículos eléctricos, dificultando el acceso real y equitativo a esta tecnología.
La red de recarga española sigue siendo pobre e irregular
indicando que muchas estaciones de recarga están inoperativas, incluso en las ciudades. La asociación solicita al gobierno recuperar las ayudas eliminadas, crear una ‘Estrategia Nacional de Recarga’ efectiva para todas las comunidades autónomas y aumentar el presupuesto para el ‘Plan Auto+’, que considera insuficiente con los 400 millones de euros asignados. La OCU también sugiere controles más estrictos para evitar prácticas de incremento de precios en modelos subvencionables y exige que las marcas proporcionen más transparencia en los precios finales de los vehículos eléctricos.
