El Gobierno de coalición ha manifestado su oposición en el Congreso en relación a la propuesta de Podemos que buscaba que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adquiriera hasta un 51% del accionariado de Repsol. Esta iniciativa proponía inicialmente una adquisición del 25% de las acciones, lo cual convertiría al Estado en el principal accionista, con la opción de ampliar la participación al 51% antes del 29 de octubre de 2026.
La principal objeción del Ejecutivo radica en el coste económico que supondría la operación, estimado en 8.960,7 millones de euros. Según los datos aportados, la capitalización bursátil de Repsol a 21 de noviembre de 2025 era de 17.570 millones de euros, lo que implicaría un desembolso de 4.392,5 millones para el 25% inicial, y otros 4.568,2 millones para el 26% restante.
El escrito de disconformidad del Gobierno, recogido por Europa Press, argumenta que esta inversión afectaría la aplicación presupuestaria correspondiente a la aportación patrimonial a la SEPI. Dado que la proposición implicaría un gasto significativo en las arcas públicas, el Ejecutivo ha decidido no respaldar esta ley, amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, que le concede la facultad de vetar propuestas que aumenten los costes públicos.
Por su parte, Podemos justificaba su proposición como una vía para recuperar el control sobre el sector energético y planteaba financiar esta adquisición con fondos destinados por el Gobierno a incrementar el gasto en defensa. Sin embargo, las implicaciones financieras y la caída de los ingresos han motivado la decisión del Gobierno de bloquear esta tramitación parlamentaria.
El Gobierno tiene la potestad recogida en la Constitución para expresar su disconformidad, y por ende vetar, propuestas legislativas que supongan una caída de los ingresos públicos o un aumento de los costes
La contundente respuesta del Ejecutivo subraya la dificultad de materializar propuestas que no cuenten con un sólido respaldo económico, especialmente en un contexto donde el ajuste del gasto público cobra relevancia.
