El Consejo de Ministros ha implementado un nuevo real decreto-ley que otorga al Gobierno la capacidad de fijar un tope en los precios de servicios y productos durante situaciones de emergencia. Esta medida, coordinada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, busca modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El objetivo es limitar precios excesivos que puedan surgir en contextos críticos, abordando así las preocupaciones recientes de asociaciones de consumidores respecto a eventos como la dana de Valencia o el accidente de tren en Adamuz (Córdoba).
Cómo funcionará el control de precios
La nueva normativa establece que el Gobierno podrá intervenir fijando un precio máximo basado en el valor más alto registrado en los 30 días previos a la declaración de emergencia. Además, si este precio máximo supera el 50% del precio promedio del mismo periodo, el límite se basará en ese precio promedio incrementado en un 50%. Este enfoque dual está diseñado para garantizar tanto la justicia para los consumidores como la viabilidad económica de los distribuidores.
Lo que hacemos con este decreto es introducir un instrumento para impedir que se pueda hacer caja en situaciones que exploten la vulnerabilidad de la ciudadanía
Este tipo de regulación no solo se aplicará en declaratorias de emergencia de protección civil. El Consejo de Ministros será el único organismo autorizado para determinar otras situaciones aptas para la implementación de estas medidas, como accidentes o emergencias técnicas. A su vez, los comercializadores deberán notificar a los consumidores sobre los precios medios y máximos de las últimas semanas, asegurando la transparencia.
Flexibilidad y derechos del consumidor
La normativa prevé flexibilidad para permitir incrementos de precios solo si están objetivamente justificados, como en el caso de aumento de costos operativos. En situaciones específicas de bienes estacionales, se podrá considerar el precio del período equivalente del año anterior, ajustado con el IPC. En caso de cobros excesivos, los consumidores tendrán derecho a la devolución automática de importes según el precio máximo establecido.
Este nuevo decreto complementa la regulación establecida en 2024 que impidió las subidas de precios en emergencias civiles. En un contexto de creciente preocupación por la vulnerabilidad del consumidor en situaciones críticas, el Gobierno refuerza su compromiso de proteger a los ciudadanos, evitando así el aprovechamiento indebido en momentos de alta demanda.
