El Gobierno español ha puesto sobre la mesa una de las medidas sociales más ambiciosas de los últimos años: la creación de una prestación universal por crianza destinada a todas las familias con hijos menores de 18 años. La iniciativa, que figura como objetivo dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, plantea una ayuda de 200 euros al mes por hijo, con el objetivo declarado de erradicar la pobreza infantil y reducir la exclusión social de los menores en el país. Aunque todavía no hay fecha exacta de aprobación ni detalles definitivos sobre su implementación, la medida ha generado ya un debate político y económico de gran calado, al ser percibida como un paso significativo hacia un Estado de bienestar más sólido y universal.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha subrayado que la prestación se dirige a cubrir al 100% de las familias que la soliciten, sin requisitos de renta, lo que la convertiría en una herramienta verdaderamente universal y accesible. Se trata de una propuesta con precedentes en la Unión Europea, donde 17 países ya aplican ayudas similares, y cuya eficacia está respaldada por estudios que demuestran un impacto positivo inmediato en la reducción de la pobreza infantil. Según datos recientes de UNICEF España, casi uno de cada tres menores en España vive en situación de pobreza o riesgo de exclusión, lo que supone más de 2,7 millones de niños y adolescentes afectados. La implementación de esta prestación podría, incluso en su versión mínima de 100 euros al mes, sacar de la pobreza a más de 270.000 menores, y con los 200 euros propuestos por Sumar, la cifra ascendería a más de medio millón de niños.
Sin embargo, la medida no está exenta de desafíos. Su aprobación depende directamente de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que todavía no han sido presentados, y el Ejecutivo se encuentra condicionado por la falta de mayoría absoluta y la necesidad de acuerdos con otros grupos parlamentarios. Además, el financiamiento de esta ayuda ha generado debate dentro del propio Gobierno. El ministro Bustinduy ha vinculado la creación de la prestación a la implementación de un impuesto sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros, que gravaría a los considerados “ultrarricos” con un 2% anual, estimando que podría recaudar unos 5.200 millones de euros, suficientes para sostener la prestación de forma sostenible y garantizar un modelo fiscal más progresivo.
El respaldo político a la iniciativa ha sido consistente por parte de Sumar, y su ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la ha defendido desde su llegada al Gobierno en 2023. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de evaluar los recursos disponibles y las herramientas fiscales para hacer frente a la pobreza infantil, lo que ha ralentizado el proceso. A pesar de estas dificultades, Bustinduy asegura que el impacto de la medida sería “extraordinario” para las familias y subraya que se trata de un objetivo prioritario dentro de la Agenda 2030, junto a otras medidas sociales como la reducción de la brecha salarial, la inversión en vivienda social y la promoción de la igualdad de oportunidades.
El planteamiento de la prestación universal por crianza también se enmarca en un contexto más amplio de políticas destinadas a mejorar el bienestar infantil y familiar. La medida no solo busca aliviar la carga económica de los hogares, sino también fomentar la natalidad, garantizar la igualdad de derechos y contribuir a una distribución más justa de los recursos. Además, se proyecta como un instrumento para fortalecer el Estado del bienestar frente a la desigualdad social, ofreciendo a todos los menores de edad un soporte económico que les permita desarrollarse con mayores garantías y oportunidades.
