España llega a 2026 con uno de los sistemas más valorados por su capacidad clínica, pero también con una certeza incómoda: el modelo que durante décadas funcionó frente a la enfermedad aguda empieza a quedarse corto para sostener la salud de una población que vive más, convive con más cronicidad y expresa nuevas formas de malestar que no se resuelven solo con una receta o un quirófano. Lo que está en juego es un cambio de enfoque: pasar de un sistema diseñado para actuar cuando el problema estalla a otro capaz de prevenir, acompañar y sostener bienestar a lo largo del tiempo.
Y el detonante más evidente es demográfico: España envejece, y con ello crecen la fragilidad, la dependencia y la necesidad de cuidados continuados. Con la visión del sector asegurador (Dra. Isabel Abad, Asisa), la sanidad privada (Herminia Rodríguez, ASPE), la enfermería (Florentino Pérez Raya, Consejo General de Enfermería) y la mirada institucional del Ministerio de Sanidad, este reportaje pone el foco en el giro que afronta la sanidad española.
La Dra. Isabel Abad, jefa de Asesoría Médica en la Dirección General Médica de Asisa, lo resume así: “El envejecimiento de la población nos obliga a transformar el sistema sanitario hacia un modelo preventivo, centrado en la autonomía y la calidad de vida”. La clave ya no es solo tratar bien un episodio, sino evitar que ese episodio llegue o, si llega, que no rompa la vida diaria de la persona.
En la misma línea, Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, plantea el cambio como una redefinición de lo que entendemos por éxito sanitario. A su juicio, 2026 marca el momento en el que el sistema sanitario debe liderar la transición de “tratar enfermedades” a mantener función, vínculos y hábitos, lo que exige que el sistema “financie, mida y reconozca esos resultados como salud real”. Esa expresión, “salud real”, apunta a lo que normalmente no se ve en las estadísticas de actividad; es decir, poder seguir viviendo en casa, caminar sin miedo a caerse, mantener relaciones sociales, dormir mejor, controlar una diabetes sin encadenar ingresos... En definitiva, resultados que determinan la calidad de vida.
A esta presión demográfica se suma otra igual de estructural: los recursos son finitos y los costes crecen. La Dra. Abad lo formula sin rodeos al señalar que un sistema con recursos limitados y costes crecientes “necesita reformas urgentes y profundas”. Durante años, la respuesta automática fue añadir capas (más pruebas, más consultas, más derivaciones…). En 2026 empieza a asumirse que ese camino, por sí solo, no es sostenible. La pregunta ya no es únicamente cuánto hacemos, sino qué valor genera lo que hacemos.
Ahí aparece una tensión de fondo que atraviesa el nuevo paradigma: medir actividad frente a medir resultados de salud. Si el sistema recompensa sobre todo el volumen (consultas, pruebas, intervenciones), lo urgente siempre se impone sobre lo importante. La prevención, el acompañamiento, la educación sanitaria o la detección temprana de la fragilidad compiten en desventaja porque su beneficio se ve a medio y largo plazo. De ahí que desde la enfermería se insista en establecer indicadores de resultados en salud visibles y compartidos, y en favorecer modelos que premien resultados en salud y no solo actividad.
En ese giro, la Atención Primaria vuelve al centro del mapa como la pieza que puede sostener continuidad. El Ministerio de Sanidad insiste en reforzar la Atención Primaria y Comunitaria como “corazón del Sistema Nacional de Salud”, impulsando capacidad resolutiva, atención comunitaria y coordinación asistencial, con financiación específica y evaluación con indicadores para comprobar si las reformas funcionan. Es decir, si el sistema quiere ganar prevención, salud mental comunitaria y control de la cronicidad, necesita que la base (la que ve a las personas antes de que empeoren) tenga tiempo, equipo y circuito.
En paralelo, el debate sobre la colaboración entre sanidad pública y privada se está moviendo hacia terrenos más prácticos. Para Abad (Asisa), la colaboración público-privada es una de las señales positivas del momento y “la llave para construir el sistema sanitario del futuro” en ámbitos como pruebas diagnósticas, cirugía ambulatoria o gestión de picos de demanda. Herminia Rodríguez (ASPE), por su parte, lo defiende en términos operativos: acuerdos centrados en resolver necesidades concretas -cirugía mayor ambulatoria, listas de espera, pruebas diagnósticas- con indicadores objetivos que permitan medir resultados y desterrar debates ideológicos.
Y, por debajo de todo, late un elemento que condiciona el éxito del nuevo modelo, el tiempo clínico. El sistema ya no se mide solo por su capacidad para intervenir cuando algo va mal, sino por su capacidad para intervenir antes, sostener continuidad y proteger autonomía. Esa es la promesa del paradigma que se abre; menos fragmentación, más prevención y más acompañamiento. La pregunta que queda, y que vertebra el reportaje, es si España podrá convertir ese marco en realidad con profesionales suficientes, acceso a tiempo y una organización que ponga en el centro no la actividad, sino la salud ganada en la vida real.
La salud mental, prioridad de Estado
Durante años, la salud mental ha ocupado un espacio secundario en la conversación sanitaria. Pero esa etapa ha terminado. La depresión, las autolesiones, la ansiedad, las adicciones comportamentales o la ideación suicida se perciben ya como un fenómeno estructural que atraviesa edades, clases sociales y territorios. Lo que antes se vivía en silencio, hoy llega a la consulta de Atención Primaria, a las aulas, a los entornos laborales y a los servicios de urgencias con una frecuencia que ha obligado al sistema a reaccionar.
Los datos que maneja el Ministerio de Sanidad reflejan esa tendencia. A partir de los registros clínicos de Atención Primaria, entre 2019 y 2024 las tasas de trastornos de ansiedad y depresión han aumentado de forma sostenida, con un impacto especialmente marcado en mujeres. Aunque la mortalidad por suicidio muestra un ligero descenso reciente, las cifras siguen siendo elevadas y afectan de manera desproporcionada a los hombres. Además, se observa un aumento del consumo de antidepresivos y diferencias claras según edad, sexo y nivel de renta, lo que confirma que el malestar emocional no se distribuye de forma homogénea, sino que está profundamente condicionado por factores sociales.
Este diagnóstico ha empujado la salud mental al centro de la agenda pública. El Plan de Acción de Salud Mental 2025–2027, impulsado por el Ministerio en coordinación con las comunidades autónomas, plantea un enfoque que va más allá del refuerzo de consultas especializadas. Incluye mejorar la coordinación entre Atención Primaria y salud mental, potenciar alternativas comunitarias y domiciliarias a la hospitalización, aumentar plazas de formación en psiquiatría, psicología clínica y enfermería especialista en salud mental, e incorporar a personas con experiencia propia en salud mental en el diseño de las políticas.
También pone el foco en mejorar la accesibilidad de los grupos más vulnerables y en reforzar la formación de los profesionales de primaria en salud mental infantil y juvenil. Es importante recordar que la salud mental no puede depender solo del especialista. Buena parte del malestar se detecta primero en una consulta de familia, en forma de insomnio persistente, cansancio sin causa aparente, dolor difuso o dificultad para concentrarse. Si esos síntomas no encuentran tiempo ni escucha, el problema se cronifica o estalla en forma de crisis.
Desde la práctica clínica, esa presión ya es evidente. La Dra. Isabel Abad (Asisa) describe un aumento claro de los problemas de ansiedad y depresión, especialmente entre jóvenes, muy vinculados a la forma de vida actual, al impacto de las redes sociales y al debilitamiento de las relaciones presenciales. También señala una mayor visibilidad de la ideación suicida en adolescentes y adultos, así como el crecimiento de adicciones no solo a sustancias, sino también a la tecnología, en un contexto donde el estigma todavía dificulta pedir ayuda a tiempo.
Ante este escenario, la detección precoz y el acceso ágil se convierten en piezas clave. Pero Abad subraya que la respuesta no puede ser exclusivamente sanitaria, necesita coordinación con escuelas, entornos laborales y recursos comunitarios. En esa línea, las plataformas de telemedicina y los servicios de apoyo psicoemocional a distancia están actuando como puertas de entrada más accesibles para personas que, de otro modo, tardarían más en consultar o no lo harían. La tecnología, en este ámbito, no sustituye la terapia, pero puede reducir barreras iniciales.
Florentino Pérez Raya (Consejo General de Enfermería) insiste en que la salud mental se juega también en la vida cotidiana, donde aparecen factores como la soledad no deseada, la sobrecarga del cuidado, el aislamiento o la pérdida de redes sociales. Desde su perspectiva, las enfermeras, por su continuidad en la atención, “están en una posición privilegiada para detectar estas situaciones y para intervenir con estrategias no farmacológicas, como la prescripción social, el acompañamiento y el seguimiento emocional”.
La prescripción social (derivar a actividades comunitarias, grupos de apoyo, recursos culturales o redes vecinales) deja de ser una iniciativa anecdótica para convertirse en una herramienta estructural del abordaje del malestar leve o moderado. No sustituye a la psicoterapia o al tratamiento farmacológico cuando son necesarios, pero actúa sobre el terreno donde muchas veces nace el problema: la desconexión, la falta de apoyo, la sensación de no pertenecer a ningún lugar.
Es evidente que la salud mental es un indicador de cómo viven las personas, de la presión social que soportan y de la solidez o fragilidad de sus redes. Por eso, su abordaje se desplaza progresivamente desde un modelo centrado casi en exclusiva en la consulta especializada hacia otro que combina atención clínica, prevención comunitaria y políticas públicas con enfoque de vulnerabilidad.
Envejecimiento y cronicidad
España no solo envejece, también vive más tiempo con enfermedades crónicas, con mayor fragilidad y con un equilibrio cada vez más delicado entre autonomía y dependencia. Este año, el gran reto no es añadir años a la vida porque eso es un logro ya consolidado, sino lograr que esos años se vivan con calidad, funcionalidad y apoyo suficiente. Esa diferencia está obligando a rediseñar silenciosamente cómo se organiza la atención sanitaria.
Florentino Pérez Raya (Consejo General de Enfermería), sitúa la fragilidad como uno de los grandes ejes que deben liderarse desde la enfermería en esta década, precisamente porque integra cuidados, prevención, educación sanitaria y coordinación sociosanitaria. Abordarla a tiempo significa menos dependencia, menos ingresos evitables y mejor calidad de vida en edades avanzadas.
Hablar de fragilidad es hablar de vacunación, de nutrición adecuada, de actividad física adaptada, de prevención de caídas, de control de la medicación y de mantenimiento de redes sociales. Es decir, intervenciones que resultan decisivas para sostener la autonomía. En este contexto, el sistema empieza a valorar no solo cuánto se trata, sino cuánto se evita que una persona pierda función.
Ese enfoque exige una atención continuada y personalizada, y ahí aparece una segunda pieza clave que es la gestión de casos. Pérez Raya insiste en la necesidad de equipos estables con liderazgo, capaces de seguir a las personas con mayor complejidad, coordinar recursos y anticiparse a descompensaciones.
La atención a la cronicidad en edades avanzadas también está impulsando un rediseño institucional. Desde el Ministerio de Sanidad se enmarca este proceso en estrategias de medio plazo, como la ‘Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud 2025–2028’, que apuestan por una atención integral, centrada en la persona y con un papel reforzado de la Atención Primaria y Comunitaria en el seguimiento de procesos de larga duración.
En paralelo, desde el ámbito de derechos sociales se impulsa un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, con el objetivo de mejorar la coordinación entre sanidad y servicios sociales y favorecer la permanencia en el entorno habitual cuando sea posible. La coordinación sociosanitaria se convierte así en un elemento estructural.
Buena parte del cuidado real de las personas mayores ocurre fuera del hospital y, a menudo, fuera incluso del sistema sanitario formal: en domicilios, en residencias, en redes familiares que soportan una carga creciente. Integrar mejor la atención sanitaria con los servicios sociales es una forma de evitar ingresos innecesarios, duplicidades y situaciones de abandono o sobrecarga que terminan impactando también en la salud física y mental.
Junto a la organización de los cuidados, gana peso la prevención en edades cada vez más tempranas. La Dra. Isabel Abad (Asisa) pone como ejemplo programas como ‘Bienvejecer’, orientados a promover hábitos que influyen directamente en cómo se llega a la vejez (alimentación equilibrada, descanso adecuado, salud mental y actividad física). El envejecimiento saludable no empieza a los 75 años, sino décadas antes, porque preparar a la población para una vida más larga y plena requiere actuar sobre estilos de vida y autocuidado desde etapas previas. El éxito no se medirá en años de vida ganados, sino en cuántos de esos años se pueden vivir con apoyo suficiente, en el entorno deseado y con la mayor independencia posible.
Profesionales al límite
Hay un punto donde confluyen casi todos los problemas de la sanidad española este año, y no es un nuevo fármaco ni una tecnología revolucionaria. Es algo mucho más básico y consiste en conseguir atención a tiempo y con el profesional adecuado. El gran cuello de botella del sistema es el acceso, y detrás de él late una crisis silenciosa de recursos humanos que convierte un problema organizativo en un desafío estructural.
Para el ciudadano, la experiencia se traduce en demoras para obtener cita en Atención Primaria, retrasos en pruebas diagnósticas y dificultades para ver a determinados especialistas. La Dra. Isabel Abad (Asisa) lo describe con claridad: en la sanidad pública “los tiempos de espera tanto en la atención primaria como en las pruebas diagnósticas se han alargado”, a lo que se suma la escasez de profesionales en algunas especialidades y el incremento de la demanda, especialmente en salud mental. El resultado es un acceso más lento y un sistema que llega tarde a problemas que habrían sido más manejables si se hubieran abordado antes.
Pero el impacto va más allá de la incomodidad. Cuando se retrasa una consulta en primaria, se retrasa un diagnóstico, un ajuste de tratamiento, una derivación o una intervención preventiva. Los problemas se cronifican, se complican y terminan consumiendo más recursos en niveles asistenciales más costosos. La falta de tiempo por paciente también empuja a una medicina más fragmentada, con menos espacio para la educación sanitaria y el seguimiento, precisamente lo que más necesita una población envejecida y con múltiples enfermedades crónicas.
Desde el Ministerio de Sanidad se reconoce que el nudo del sistema está en la base. Por eso la reforma de la Atención Primaria y Comunitaria se ha convertido en una prioridad estratégica. El Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025–2027 plantea ampliar la cartera de servicios y la capacidad resolutiva de la primaria, impulsar la atención comunitaria y reforzar la coordinación y la continuidad asistencial, todo ello acompañado de una evaluación con indicadores que permitan medir el impacto real de los cambios. Además, el Ministerio ha transferido financiación específica a las comunidades autónomas para impulsar estas reformas, con la intención declarada de reforzar la Atención Primaria como “corazón del Sistema Nacional de Salud”.
La reforma no se limita a inyectar recursos, sino que apunta a cambiar la forma de organizar el trabajo. En colaboración con organismos internacionales, Sanidad ha planteado reforzar la longitudinalidad (la relación estable entre profesionales y pacientes) mediante varias palancas: estabilidad profesional, microequipos como unidad básica de referencia, digitalización orientada a la continuidad, estratificación de la población para priorizar a personas con mayor complejidad y uso de indicadores específicos que permitan rendir cuentas sobre acceso y calidad. La idea es sencilla de enunciar y compleja de ejecutar: que cada persona tenga un equipo de referencia que la conozca y la siga en el tiempo, en lugar de un itinerario fragmentado entre consultas aisladas.
Mientras la red pública intenta reorganizarse, el sector privado se presenta como un aliado para aliviar algunos de los puntos de mayor presión. Herminia Rodríguez, secretaria general de ASPE, defiende que la colaboración público-privada es “la única solución para mantener la sostenibilidad del sistema con estándares de accesibilidad y calidad adecuados” y señala que, en 2026, los acuerdos con mayor recorrido son los orientados a resolver necesidades concretas del sistema público: cirugía mayor ambulatoria, gestión de listas de espera y pruebas diagnósticas. Según su visión, estos modelos permiten aliviar la presión asistencial, mejorar costes y, sobre todo, dar respuesta más rápida a los ciudadanos, siempre que se evalúen con indicadores objetivos de resultados en salud y tiempos de atención.
Sin embargo, reorganizar circuitos y firmar acuerdos no será suficiente si no se afronta la raíz del problema, que son la falta y el desgaste de profesionales. La escasez de médicos y enfermeras es uno de los grandes desafíos compartidos por todo el sistema. Desde la sanidad privada se apunta a la necesidad de ampliar la oferta de formación sanitaria especializada, agilizar la homologación de títulos de profesionales extracomunitarios y desarrollar nuevos roles profesionales, especialmente en enfermería avanzada y gestión clínica. También se subraya la importancia de la formación continua, la fidelización del talento y la automatización de tareas administrativas que hoy consumen tiempo clínico sin aportar valor asistencial.
Pero más allá de las cifras de plantilla, hay un factor humano que pesa cada vez más y es el desgaste. Florentino Pérez Raya advierte de un malestar creciente entre los profesionales, marcado por el burnout, las agresiones y unas condiciones laborales que dificultan la conciliación y empujan a muchos a abandonar o a buscar oportunidades fuera del sistema. Desde el Consejo General de Enfermería se insiste en seguir denunciando las malas condiciones laborales, en promover el desarrollo profesional y en fortalecer el liderazgo clínico, docente e investigador de la enfermería, precisamente para retener talento y reforzar el papel de estos profesionales en un modelo más comunitario y preventivo.
Ese malestar profesional ha trascendido el ámbito interno y se ha hecho visible a través de movilizaciones, incluida la huelga general de médicos convocada a nivel estatal. El conflicto ha puesto sobre la mesa reivindicaciones relacionadas con retribuciones, sobrecarga asistencial, jornadas prolongadas, guardias de 24 horas, temporalidad y falta de estabilidad. Para muchos facultativos, estas condiciones no solo afectan a su bienestar, sino también a la seguridad del paciente y a la calidad asistencial.
En el debate público, además, el conflicto se ha personificado en torno a la ministra de Sanidad, Mónica García. Gran parte del colectivo médico y algunos portavoces de la convocatoria han dirigido sus críticas directamente a la gestión del Ministerio, lo que ha endurecido el clima y ha elevado el coste político de la negociación. Desde el Ministerio de Sanidad, por su parte, se evita entrar en el pulso personal y se enmarca la protesta como el resultado de una “falta de actualización” del Estatuto Marco -la norma que regula parte de las condiciones laborales-, motivo por el cual defiende que viene trabajando en una mesa de diálogo con sindicatos representados y también con colectivos sindicales médicos para escuchar sus demandas.
Según la respuesta oficial, ese trabajo se ha traducido en un borrador “de consenso con la mayoría de los sindicatos” que incorpora mejoras para el conjunto de profesionales sanitarios. En el caso de los médicos, el texto incluiría medidas especialmente sensibles para el colectivo: la eliminación de las guardias de 24 horas -sustituidas por guardias de duración inferior a 17 horas con descansos y libranzas obligatorios-, una jornada máxima semanal de 45 horas, el derecho a la conciliación, ofertas públicas de empleo periódicas y límites a la temporalidad, además de la actualización de la clasificación profesional y el reconocimiento de la labor investigadora y docente como trabajo efectivo.
Pero esa respuesta institucional no desactiva, por sí sola, el núcleo del conflicto. La huelga, precisamente, indica que una parte del colectivo no da por garantizado que el cambio normativo vaya a traducirse en mejoras reales en el día a día asistencial -en los servicios, en la carga de pacientes, en la organización efectiva de turnos y guardias y en el reconocimiento económico-, y que persiste una desconfianza de fondo hacia la capacidad del Ministerio para materializar el giro prometido.
Es decir, el desacuerdo no es solo sobre el “qué” (medidas en un borrador), sino sobre el “cómo” y el “cuándo” (aplicación, calendario, efectos prácticos). Y mientras esa brecha siga abierta, la huelga nos recuerda que la crisis de profesionales no es una nota al pie del sistema…, es uno de sus principales límites operativos.
La IA en el Sistema Nacional de Salud
La tecnología sanitaria lleva años prometiendo eficiencia, pero en 2026 la conversación cambia de tono. No se trata de innovar por innovar, sino de responder a una pregunta esencial para un sistema tensionado por el acceso y la falta de profesionales. ¿La digitalización y la inteligencia artificial van a devolver tiempo a los equipos para cuidar mejor, o van a añadir otra capa de burocracia, pantallas y tareas que alejan al profesional del paciente? El dilema no es menor, porque la tecnología se ha convertido en el gran acelerador del sistema… siempre que se use bien.
En el plano de lo tangible, algunas herramientas ya están aportando valor claro porque atacan problemas concretos: accesibilidad, continuidad y seguimiento. Desde la experiencia de Asisa, la Dra. Isabel Abad describe cómo las plataformas de telemedicina están cambiando la puerta de entrada a muchas prestaciones. En su caso, Asisa LIVE integra videoconsultas en una veintena de especialidades, un servicio de apoyo psicoemocional y un chat médico accesible desde el móvil en cualquier momento y lugar.
La promesa no es solo comodidad: es reducir barreras de acceso y agilizar el primer contacto en un sistema con demoras crecientes. A esto se suma el desarrollo de programas de seguimiento de pacientes crónicos y hospitalización domiciliaria apoyados en tecnología, una modalidad que busca mejorar la calidad de vida de personas que, de otro modo, necesitarían controles más frecuentes en consulta o ingresos evitables.
Ese desplazamiento hacia el domicilio conecta con otra tendencia: la monitorización remota y el seguimiento proactivo. La lógica es simple: muchas complicaciones de crónicos (diabetes, hipertensión, insuficiencia cardiaca, fragilidad) no “ocurren de golpe”; se anuncian con señales sutiles. Si se detectan a tiempo, se evitan urgencias, ingresos y deterioros. Y aquí es donde la IA puede aportar como herramienta de alerta y apoyo a la decisión, siempre que esté bien integrada en los flujos clínicos.
En el ámbito de la IA diagnóstica y la automatización hospitalaria, Abad cita dos líneas de desarrollo especialmente relevantes. Por un lado, algoritmos certificados y éticamente responsables para detección precoz de enfermedades prevalentes y de alto impacto social, como cáncer de mama y piel, osteoporosis, glaucoma y retinopatía diabética. Por otro, herramientas para automatizar procesos y mejorar la organización de los centros sanitarios con el objetivo declarado de atender más pacientes con menos recursos. En ambos casos, la regla que propone es muy clara: la innovación tecnológica debe mejorar calidad asistencial y facilitar el acceso; si no lo hace, no es progreso, es ruido.
Desde la sanidad privada, Herminia Rodríguez (ASPE) subraya que en 2026 la tecnología deja de ser un “elemento diferencial” para convertirse en infraestructura básica. En los hospitales privados, afirma, será ya estándar el uso de IA clínica de apoyo a la decisión médica y para labores administrativas, mientras continúa el trabajo (todavía inacabado) para lograr la interoperabilidad de sistemas de información, tanto dentro del sector privado como en su relación con el sistema público. La tecnología no escala de verdad si los datos no viajan, si cada centro es una isla o si la burocracia digital se multiplica por falta de integración.
Rodríguez también introduce una barrera que condiciona el futuro inmediato, el marco regulatorio. A su juicio, el problema no es la capacidad tecnológica del sector, sino “el marco en el que opera” y, en algunos casos, una regulación pensada más para contener que para facilitar la innovación. Esta tensión (innovación versus regulación) atraviesa toda Europa, pero en sanidad adquiere una dimensión especialmente delicada porque lo que está en juego no es solo eficiencia, es seguridad clínica, privacidad y confianza.
La visión pública intenta precisamente ordenar ese terreno. El Ministerio de Sanidad confirma que recientemente se ha aprobado en el Consejo Interterritorial la Estrategia de Inteligencia Artificial para el Sistema Nacional de Salud, un documento que busca evitar el “cada comunidad por su lado” y establecer una base común. La estrategia define cinco objetivos: fijar una visión homogénea sobre IA en el SNS; desarrollar procedimientos compartidos para identificar, clasificar y evaluar soluciones; crear estructuras y roles específicos para la gestión autonómica y estatal con gobernanza colaborativa; impulsar formación y competencias en IA para profesionales; y coordinar la implantación de casos de uso de alto valor para el sistema. Es decir, la IA deja de ser un conjunto de pilotos dispersos para convertirse en una política sanitaria con arquitectura institucional.
Además, el Ministerio detalla que estos objetivos deben seguir principios de fiabilidad, utilidad, humanización y universalidad, y apunta aplicaciones estratégicas como medicina personalizada, detección precoz de enfermedades crónicas, monitorización remota en tiempo real o incluso gemelos digitales, incorporando la creación de equipos multidisciplinares para garantizar requisitos éticos y legales y herramientas de evaluación de cumplimiento normativo, en consonancia con la normativa europea. En el fondo, la administración intenta responder a la gran pregunta social: quién controla estas herramientas, cómo se validan, quién responde si fallan y cómo se protegen los datos.
Pero quizá el punto más clarificador de este bloque llega desde la línea roja enfermera, el criterio de humanidad. Florentino Pérez Raya (Consejo General de Enfermería) plantea que la IA y la monitorización remota “si están bien diseñadas, te devuelven tiempo de cuidado”. Y concreta qué significa eso en la práctica: automatizar tareas repetitivas, tareas administrativas sin valor clínico y sistemas de alertas tempranas que ayuden a predecir riesgos o deterioro, con umbrales adaptados al plan de cuidados y a la persona.
La frontera aparece después. Para Pérez Raya, hay cosas que “nunca deben ni pueden automatizarse”: la relación terapéutica y humana y el acompañamiento a personas en vulnerabilidad, sufrimiento, duelo, miedo, violencia o soledad. La tecnología puede ayudar a detectar, organizar, alertar y agilizar; pero si sustituye el vínculo o convierte la atención en una cadena de trámites digitales, el sistema pierde justo lo que necesita recuperar: tiempo, escucha y continuidad.
Visto así, 2026 es el año en que se decide cómo llega la IA y para qué. En un sistema con demoras y plantillas agotadas, la tecnología solo tiene sentido si simplifica gestiones, mejora el acceso, reduce errores y permite seguir mejor a los crónicos sin convertir la atención en un laberinto de plataformas. El gran riesgo es que la digitalización se convierta en una burocracia sofisticada, que aumente desigualdades para quienes no dominan lo digital o que cree dependencia de proveedores sin control público suficiente. El gran potencial también es evidente; y es que automatice lo repetitivo y libere el tiempo más escaso del sistema (el tiempo clínico) para que el cuidado vuelva a ser, literalmente, humano.
La brecha de salud en 2026
Hablar de salud y bienestar sin hablar de desigualdad es quedarse en la superficie. Porque el sistema sanitario importa, y mucho, pero no es el único motor de la salud. La salud también se fabrica o se deteriora en la vivienda, en el empleo, en la alimentación posible con un presupuesto determinado, en la red familiar, en el barrio, en el transporte, en la soledad, en la exposición al estrés y en la facilidad -o la imposibilidad- de pedir ayuda a tiempo. Y esa realidad atraviesa todo: desde la salud mental hasta la cronicidad, desde el acceso a la Atención Primaria hasta el envejecimiento con autonomía.
El propio Ministerio de Sanidad, al explicar su lectura sobre la evolución de la salud mental, lo deja claro: el empeoramiento del malestar emocional “no se reparte de forma homogénea” y depende de determinantes sociales como el sexo o el nivel de renta. Es una frase que podría colocarse como marco para todo el reportaje, porque no se limita a la salud mental. También se ve en obesidad y riesgo cardiovascular, en consumo de alcohol y tabaco, en calidad del sueño, en acceso a actividad física o en la posibilidad real de sostener hábitos saludables. En definitiva, en lo más cotidiano.
Por eso, cuando el Ministerio habla de prevención, una parte importante de sus medidas se diseña con enfoque de entorno y vulnerabilidad, no solo de ‘consejos’. Un ejemplo es la iniciativa “Tardes con plan”, orientada a impulsar ocio saludable en centros educativos (alimentación, descanso, actividad física y bienestar emocional) especialmente en zonas de mayor vulnerabilidad. La idea de fondo es que, si el riesgo se concentra en determinados entornos, la respuesta no puede ser idéntica para todos. Tiene que adaptarse a condiciones reales, no a ideales.
En esa misma línea, Florentino Pérez Raya coloca a la enfermería en un lugar estratégico dentro de la desigualdad sanitaria y no solo como ejecutora de cuidados, sino como “sensor” del sistema, capaz de detectar riesgo social y conectar a las personas con recursos de manera sistemática. Su planteamiento parte de una constatación práctica y es que muchas veces el primer signo de vulnerabilidad no es un parámetro clínico, sino una conversación.
Falta de apoyo, dificultades económicas para seguir un tratamiento, violencia, aislamiento, problemas de salud mental no verbalizados, brecha digital, abandono de autocuidados. Para Pérez Raya, las enfermeras y enfermeros son agentes clave para integrar determinantes sociales en la práctica clínica, detectar precozmente el riesgo social y actuar como puente con recursos comunitarios y del tercer sector.
De hecho, su lista de propuestas no es abstracta; habla de programas comunitarios dirigidos a poblaciones vulnerables, coordinación entre sanidad, servicios sociales y tercer sector; teleenfermería y atención domiciliaria para mejorar accesibilidad en zonas rurales; programas de salud itinerantes y refuerzo de la Atención Primaria. También insiste en el enfoque de género, en la competencia cultural y en incorporar mediación intercultural cuando sea necesario. Es decir, desigualdad no es solo pobreza; es también territorio, género, migración, soledad, acceso a información y capacidad de navegar el sistema.
En resumen, el gran giro de 2026 no se limita a digitalizar o a reorganizar agendas, es un giro hacia un sistema que intenta mirar más allá del episodio clínico para sostener salud real y eso obliga a reconocer que la salud no empieza en la consulta, sino mucho antes. Y obliga también a aceptar algo incómodo: si no se abordan desigualdades, cualquier avance (en prevención, en tecnología, en cronicidad) corre el riesgo de beneficiar más a quienes ya estaban mejor situados.
Ahí aparece el cierre natural del reportaje. En 2026, España está redibujando su mapa sanitario empujada por el envejecimiento, la cronicidad, la salud mental y la falta de profesionales. La respuesta que se está construyendo tiene palabras muy claras: prevención, comunidad, continuidad, tecnología útil, coordinación sociosanitaria. Pero el éxito real de ese rediseño no se medirá por cuántas herramientas nuevas se implanten o por cuántos planes se publiquen. Se medirá por algo más básico y más exigente: si una persona vulnerable (por renta, por territorio, por género, por soledad o por brecha digital) puede acceder a tiempo, ser acompañada y sostener salud durante más años.
Porque al final, el sistema no se pone a prueba en el paciente “ideal”, sino en el paciente real: el que no llega a tiempo, el que no entiende el circuito, el que vive solo, el que cuida y está agotado, el que no puede permitirse fallar. Si el nuevo paradigma consigue incluirlos, entonces este año será recordado como el año en que la sanidad dejó de ser solo un sistema de atención para convertirse, de nuevo, en una infraestructura de bienestar y cohesión social.
