La inmigración se ha consolidado como un elemento fundamental en la expansión económica reciente de España. Según el estudio titulado ‘La inmigración en España: retos, impacto y políticas’, elaborado por Funcas, la mano de obra extranjera ha sido responsable de el 47% del crecimiento acumulado del Producto Interior Bruto (PIB) desde 2022. Este informe ha sido presentado por sus coordinadores Raquel Carrasco y Raymond Torres.
A pesar de su contribución, el reporte advierte que la inmigración por sí sola no resuelve los desafíos estructurales del mercado laboral de España. Destacan problemas como la baja productividad, la debilidad de los salarios y la escasa financiación de las pensiones. Los beneficios derivados de la fuerza laboral inmigrante dependen en gran medida de la capacidad del país para integrar a esta población y de la adecuación de las políticas públicas en este sentido.
En menos de una generación, la proporción de población extranjera en España ha crecido significativamente, convirtiéndose en un componente esencial del mercado laboral. Desde 2019, la población activa ha aumentado un 7,8%, lo que se traduce en 1,8 millones de nuevos trabajadores, en su mayoría de origen extranjero. Este aumento representa un ‘shock’ de oferta único en Europa que ha incrementado el potencial productivo del país.
La inmigración ha promovido el desplazamiento de trabajadores nacionales hacia empleos más productivos y mejor remunerados. La descomposición del crecimiento del PIB en productividad, tasa de ocupación y número de activos evidencia la significativa contribución de la mano de obra extranjera al incremento de la población activa, influyendo en el crecimiento del PIB en 4,7 puntos.
La mayoría de los inmigrantes en España provienen de América Latina, constituyendo el 47% de la población inmigrante. Este perfil migratorio se ha visto acompañado de una mayor presencia en sectores de bajo valor añadido, lo que ha resultado en una leve disminución de la productividad general.
A diferencia de la población nativa, los inmigrantes son, en promedio, más jóvenes, con una mayor proporción (84%) en edad de trabajar. Sin embargo, enfrentan ocupaciones más precarias y tienen, en general, un menor nivel educativo. Este perfil se concentra en sectores con alta rotación y mayor riesgo de desempleo, como la hostelería, el comercio y las actividades domésticas, tendencias más pronunciadas que en países como Alemania o Francia.
Desde Funcas, se subraya que las políticas públicas deben abordar no solo las desigualdades visibles, sino también los obstáculos estructurales a la integración laboral
. Esto implica mejorar la empleabilidad de los inmigrantes mediante la homologación de títulos y el acceso a formación adaptada, además de luchar contra la discriminación laboral.
En las últimas dos décadas, España ha experimentado un acelerado crecimiento migratorio, con el 21,3% de su población en edad laboral nacida en el extranjero, superando a Francia y acercándose a Alemania, lo que ha transformado profundamente su demografía y su economía.
