En una sesión plenaria celebrada este martes, el PSOE y Sumar han coincidido en la necesidad de endurecer la normativa sobre los créditos rápidos, centrando especial atención en aquellos de importes reducidos que aplican intereses considerados usureros, llevando a los deudores a una peligrosa espiral de pagos. Sumar ha impulsado una proposición no de ley instando al Ejecutivo a tomar medidas al respecto.
El diputado de En Comú, Félix Alonso, ha abogado por la ampliación del ámbito regulador de los créditos actuales, sugiriendo la eliminación del límite de 200 euros. En un esfuerzo conjunto, los dos socios de gobierno han redactado una enmienda transaccional que se votará este miércoles, con la intención de regular los créditos inferiores a dicha cantidad a través de la futura Ley de Autoridad del Cliente Financiera, la cual ha enfrentado bloqueos parlamentarios debido a la oposición de Junts.
Además, se subraya que los préstamos de entre 50 y 1.000 euros pueden llegar a aplicar intereses exageradamente altos, de hasta el 59.000% TAE. En este contexto, Sumar también propone que el Banco de España supervise estos préstamos y limite su publicidad en determinados casos.
Durante el debate, Coalición Canaria, PNV, ERC y Bildu han expresado su respaldo a la propuesta de Sumar, con la diputada Cristina Valido pidiendo más presión al Gobierno para llevarla a cabo. Idoia Sagastizabal del PNV ha destacado la razón y necesidad de las medidas propuestas, mientras que Jordi Salvador de Esquerra ha instado al Gobierno a pasar de «buenas palabras» a «hechos».
En el lado opuesto, Silverio Argüelles del PP ha afirmado que el endeudamiento actual de los españoles es una consecuencia directa de las políticas gubernamentales.
Por su parte, Vox ha criticado a Sumar por presentar una proposición sin poder normativo, sugiriendo enmiendas para analizar las causas de esta financiación y proponiendo simplificaciones fiscales. Josep Maria Cruset, de Junts, ha calificado las prácticas de las empresas de créditos rápidos como «totalmente inadmisibles», aunque ha cuestionado la efectividad normativa de la propuesta de Sumar.
