La reciente reforma del mercado eléctrico italiano, presentada por el gobierno de Giorgia Meloni, ha suscitado un fuerte rechazo entre la banca de inversión. Esta medida, que se implementaría a partir del 1 de enero de 2027, busca reducir el precio mayorista de la electricidad excluyendo el coste del CO2 del precio marginal de la luz generada en ciclos combinados de gas, lo cual trasladaría dichos costes directamente a los consumidores. En este contexto, los analistas advierten que esta decisión podría carecer de credibilidad para su aplicación efectiva.
Desafíos estructurales en la implementación de la reforma
JP Morgan ha subrayado que descarbonizar artificialmente el precio marginal cuestiona el diseño del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS), cuyo objetivo es fomentar las inversiones en energías renovables mediante la señal de precio del CO2. Al eliminar el carbono del cálculo, se desafía no solo la estructura del ETS, sino también su intención de incentivar el desarrollo de energías limpias a través del incremento de precios eléctricos.
Vemos un riesgo no despreciable de que la propuesta italiana no sea aprobada
, señalan los analistas de la entidad. Además, Mediobanca considera que «los países europeos no pueden eliminar unilateralmente los precios del carbono de la dinámica de formación de precios de la electricidad», lo que complica la implementación de esta medida.
Fuentes del sector han destacado que esta reforma, presentada como un alivio para las familias italianas, podría en realidad suponer una redistribución del coste del carbono que rompe con el diseño del mercado europeo. Asimismo, los analistas apuntan a que esta iniciativa parece un movimiento político interno, destinado a apelar al electorado italiano, aunque consciente de su conflicto con la normativa europea de ayudas de Estado.
En este sentido, Goldman Sachs anticipa que el rediseño «será probablemente impugnado por la UE», dado que los Estados miembros no pueden modificar de manera unilateral los principios del mercado eléctrico establecidos en la Directiva de Energía. ICIS – Independent Commodity Intelligence Services – también ha expresado su escepticismo, aludiendo a expertos jurídicos que creen que el mecanismo de compensación del coste del CO2 del decreto italiano no será aprobado por la Comisión Europea.
Impacto en el mercado energético europeo
La propuesta ha generado sorpresa tanto en la industria italiana como en Bruselas, especialmente porque la reforma del mercado eléctrico europeo fue aprobada hace menos de un año y medio, en junio de 2024. Esta reforma propone, entre otros aspectos, promover contratos a largo plazo a precios fijos y establecer mayores obligaciones de cobertura para las comercializadoras.
Desde que se anunció la reforma, el precio de la electricidad en Italia para 2027 ha aumentado de 86 euros a 90,5 euros por megavatio hora (MWh), reflejando un impacto directo en el mercado. A pesar de los esfuerzos italianos, otros países como España y Francia, con estrategias de electrificación y desarrollo renovable más avanzadas, mantienen su oposición a estas medidas excepcionales.
