El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha lanzado una advertencia sobre la influencia de la política en los bancos centrales. Este lunes, Escrivá señaló que la legitimidad de estas instituciones está amenazada tanto por la interferencia política creciente como por la tentación de opinar sobre asuntos ajenos a su mandato. Durante el Encuentro de Alto Nivel «Control externo e independencia», organizado por el Tribunal de Cuentas en Madrid, destacó la importancia de operar estrictamente dentro del mandato legal y de mantener una clara distinción entre las responsabilidades de las autoridades independientes y los poderes democráticamente electos.
Escrivá describió una doble presión manifiesta y opuesta: la injerencia gubernamental en las decisiones de los bancos centrales y la expansión de facto de sus funciones hacia ámbitos de juicio político, una situación que, según él, puede erosionar la legitimidad de estas instituciones. «La tensión entre independencia y control externo no es un problema, sino parte del funcionamiento normal y necesario de una democracia madura», señaló Escrivá, advirtiendo sobre los riesgos de opacidad por falta de control o de vaciamiento del mandato técnico por control excesivo.
La independencia no se protege alejándose del control, sino aceptándolo; no se refuerza con silencio, sino con explicación
El gobernador recordó cómo, tras la crisis financiera global, el Banco de Inglaterra solicitó al Parlamento limitar ciertas competencias y reforzar salvaguardas por razones de legitimidad democrática. Este ejemplo subraya la necesidad de ejercer el poder con límites claros, transparencia y escrutinio. Además, Escrivá destacó que la independencia del Banco de España está respaldada por el artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la Ley de Autonomía de 1994.
En relación a la evolución del Banco de España, Escrivá mencionó el proceso de autoevaluación previsto para 2024 y 2025, con motivo del 30 aniversario de la Ley de Autonomía. Un informe de expertos internacionales identificó áreas de mejora en gobernanza y transparencia, aspectos ya incluidos en el Plan Estratégico 2030 del Banco. Algunas de estas mejoras se gestionarán internamente, mientras que otras requerirán la intervención legislativa. Escrivá enfatizó que la independencia de las autoridades no electas solo es legítima si se concibe y ejerce como «poder delegado» y nunca como «poder propio o soberano».
Finalmente, destacó que tanto el Banco de España como el Tribunal de Cuentas ejercen funciones que requieren autonomía y una justificación pública rigurosa, siendo la tensión sobre el control una garantía del sistema. Así, cuando independencia y control se equilibran adecuadamente, no solo se fortalecen las instituciones, sino también la democracia.
