El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho público este sábado los decretos anticrisis que el Gobierno aprobó el viernes pasado, centrados en mitigar los impactos derivados de la guerra en Irán. Este conjunto de medidas, que según el Ejecutivo movilizará un total de 5.000 millones de euros, entrará en vigor este domingo y está conformado por dos decretos: uno enfocado en medidas económicas generales y otro en la congelación de alquileres por un periodo de dos años, una iniciativa defendida por el partido Sumar.
A pesar de la publicación en el BOE, estas disposiciones requieren la convalidación del Congreso de los Diputados, donde se votará el próximo 26 de marzo. En una rueda de prensa tras un Consejo de Ministros extraordinario, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la aprobación de este «plan integral de respuesta a la crisis» en Oriente Próximo, resultado de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán. «Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias», afirmó Sánchez destacando la incertidumbre sobre la duración y evolución del conflicto.
El conflicto no sabemos si va a durar días o va a durar meses o años. Pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de cuáles son sus efectos.
Entre las principales medidas del real decreto ley se encuentra la reducción del IVA del 21% al 10% para carburantes, electricidad, gas natural, briquetas y ‘pellets’. Además, el Gobierno congelará los precios máximos de butano y propano y reintroducirá una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la gran industria. También se contempla la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al mínimo del 0,5% fijado por la Unión Europea.
Otras disposiciones incluyen la rebaja del impuesto de hidrocarburos al nivel mínimo permitido y una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Las empresas estarán prohibidas de realizar despidos objetivos por motivos económicos vinculados al conflicto, y se ejercerá un mayor control sobre los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible, cumpliendo una demanda clave de Sumar.
El segundo real decreto ley establece una prórroga extraordinaria y automática para contratos de alquiler cuyo término esté previsto entre 2026 y 2027, afectando a más de un millón de contratos y 2,7 millones de personas.
