Airbnb ha decidido presentar un recurso de reposición contra la multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025. Esta decisión se produce tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la solicitud de medidas cautelares para frenar la sanción.
La plataforma considera que la sanción es contraria al marco legal español y europeo. Además, asegura que la decisión del TSJM es principalmente procedimental y no aborda el fondo del asunto, el cual sigue su curso. Airbnb sostiene que ha cumplido con la normativa española y se ha mostrado colaborativa con las autoridades tras la entrada en vigor de las nuevas normativas sobre alquileres de corta duración.
El conflicto surgió cuando Consumo identificó que Airbnb estaba publicando «65.122 anuncios de alojamientos turísticos sin licencia», los cuales fueron retirados en julio de 2025. También se señaló que la plataforma anunciaba alojamientos con números de licencia incorrectos o difundía información inexacta sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones.
Ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores
El ministro Pablo Bustinduy destacó la importancia de la sanción, afirmando que establece un precedente crucial y que ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley ni de los derechos de los consumidores. Asimismo, criticó la inacción que, a su parecer, tuvo lugar bajo la administración de Madrid presidida por José Luis Martínez-Almeida frente a los pisos turísticos ilegales.
