El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley que busca alinear el marco regulatorio español con normativas europeas clave. Este paquete normativo tiene como objetivo principal el aumento de la presencia de empresas españolas en los mercados de valores, incentivando su salida a Bolsa y fomentando la participación de inversores minoristas.
Actualización de leyes para facilitar la salida a bolsa
El anteproyecto incorpora al ordenamiento interno iniciativas como el paquete europeo ‘Listing Act’, ‘MiFID/MiFIR’, las directivas Aifmd/Ucits y el paquete Emir 3.0. Según el ministro Carlos Cuerpo, esta medida implica modificaciones significativas en diversas leyes, incluyendo la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Sociedades de Capital, entre otras. Dentro de estas reformas, se ha reducido el porcentaje mínimo de ‘free float’ del 25% al 10%, una acción que busca proteger la participación de los fundadores de pymes al considerar una de sus principales preocupaciones la pérdida de control al salir a Bolsa. Cuerpo detalló que esto «reduce el riesgo de que se diluya su participación».
Con las acciones de «voto plural», los fundadores podrán seguir manteniendo el control de la empresa al salir a cotizar
además de introducirse medidas como el incremento del umbral de exención de elaborar un folleto informativo de 8 a 12 millones de euros.
Ampliar opciones de financiación y fortalecer el rol de los inversores
El anteproyecto también amplía los canales de financiación y diversifica los vehículos para canalizar el ahorro hacia la economía real. Esto incluye la armonización del régimen para la concesión de préstamos a empresas por parte de fondos de inversión alternativos, manteniendo la prohibición de préstamos a consumidores. Asimismo, se busca mejorar la transparencia para los inversores minoristas en aspectos como la retribución de intermediarios en el ámbito de los fondos de inversión y se fomenta el análisis de empresas cotizadas de menor tamaño.
En términos técnicos, la reforma introduce medidas para mejorar la gestión de liquidez en fondos de inversión de tipo abierto y permite a los centros de negociación limitar o interrumpir transacciones en situaciones de emergencia, tomando en cuenta experiencias recientes como la crisis energética de 2022. Esto está dirigido a reducir el riesgo de concentración en entidades de contrapartida central de importancia sistémica fuera de la Unión Europea.
