Un decreto ley con ayudas al sector: 30.000 euros por empresa, un total de 235 millones de euros. La Fetave (Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas), a través de la Aemav (Asociación Empresarial Madrileña de Agencias de Viajes), ha solicitado a la Comunidad de Madrid formar parte del proyecto de Presupuestos de 2021. A los grupos políticos de la Asamblea, por su parte, le piden el apoyo al decreto.
Aemav ha recordado la "muy difícil situación" en la que se encuentra el sector turístico, especialmente las empresas dependientes de la movilidad de las personas, y ha destacado la urgencia de medidas de apoyo para esos colectivos y, en primer lugar, para las agencias de viajes como sector más dañado por la crisis, como señalan todos los indicadores económico sociales.
Según las organizaciones, las agencias de viajes, hoteles, transportes, ocio nocturo y hostelería serían los sectores más afectados y en ese orden, de mayor a menor, de la economía de la comunidad.
Tanto Fetave como Aemac han asegurado que "esa partida de gasto corregiría así el hecho de que Madrid sea una de las comunidades autónomas que hasta ahora no ha dado ayudas directas a los sectores más afectados, lo que sí ha ocurrido por ejemplo en el País Vasco y Navarra, pero también en Galicia, Castilla y León o Andalucía".
Con la convocatoria de elecciones el 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, la disolución de la Asamblea hace que este proyecto de presupuesto queda pendiente de la nueva Asamblea y Gobierno que surja de las elecciones, por lo que en el mejor de los casos, según Fetave, llevará la aprobación de esas ayudas y su efectividad a fechas no anteriores a septiembre, pero "los sectores que las necesitan no pueden esperar hasta esa fecha sin muy grave daño de sus posibilidades de supervivencia".
Por ello, la Federación ha solicitado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que, a la mayor brevedad posible, en un próximo Consejo de Gobierno, se apruebe un decreto ley de ayudas directas para las empresas en la cuantía de 235 millones de euros, para evitar "un número no pequeño de cierres de negocios con el daño irreparable que supondría al empleo y la actividad económica de la Comunidad de Madrid".
