Por Borja Carrascosa, director de Capital
La política económica, en un sentido global, se ha convertido en el arte de retorcer una serie de cifras, de voltearlas y de agitarlas para que digan lo que alguien quiere que digan. El caso de España, y el maquillaje contable del Gobierno con el déficit público, representa un ejemplo perfecto de este ardid utilizado por los dirigentes menos escrupulosos. En esencia, como veremos a continuación, esta estratagema refleja bondades hipotéticas, que no reales, de la gestión de las arcas de la Administración Pública. Una simple calculadora, y algo de curiosidad, son las dos claves que sirven para desmontar la base sobre la que se asienta esa versión del ejercicio de ejecución presupuestaria que la mayoría de la población asume como cierta. Como decimos siempre en esta tribuna, vamos, pues, con los números.
El Gobierno anunció que, hasta el pasado mes de septiembre, el déficit público se situó en los 51.249 millones de euros (4,24% del PIB), frente a los 77.587 millones registrados un año antes. El grueso de esta reducción de 26.338 millones se debe, primero, al aumento de los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales, fruto de la recuperación económica, y, segundo, a la reducción del gasto de la Seguridad Social, principalmente, por la caída del desempleo (alrededor de 7.550 millones menos).
Es decir, que el efecto de la gestión presupuestaria en el resultado final es mínimo, ya que es el sector privado -empresas y familias- el que vuelve a salvar al Estado con dinero de su bolsillo. La Administración Central no solo no toma medidas por la vía del gasto, sino que encima lo incrementa en 18.570 millones. Cualquiera diría que la crisis se ha acabado.
Las ratios de PIB
La siguiente trampa contable la encontramos leyendo la “letra pequeña”, ya que entramos en el terreno de la “bola de cristal”. La política económica internacional exige que las cifras de déficit público se comparen con el Producto Interior Bruto (PIB) de cada economía para poder establecer comparaciones de las gestiones presupuestarias de los diferentes países. En síntesis, la ratio de PIB permite igualar las principales cifras macroeconómicas de los estados independientemente del tamaño que tenga cada uno.
Pues bien, en plena oleada de reducciones en las previsiones de crecimiento para España en 2021, el Gobierno utiliza una estimación de PIB de casi 1,21 billones de euros para este año que ahora termina. Concretamente, calcula que será de 1.209.138 millones de euros, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Para que esa capacidad de generación de riqueza fuese real, el incremento de la economía española durante el presente ejercicio debería ser… ¡del 7,8%! Este pronóstico es completamente surrealista y a todas luces imposible, toda vez que el grueso de los analistas ha rebajado sus cálculos hasta el entorno del 5%-5,5%. La diferencia entre ambas cifras -la de la IGAE y la de las previsiones- es de entre 25.000 y 32.000 millones de euros que dejará de producir nuestro país.
¿Y por qué hace esto el Ejecutivo, en este caso, a través de la IGAE? Pues porque si el PIB utilizado (el denominador en la ratio) es mayor, su comparación con el déficit público (el numerador) arrojará una cifra menor. Cuanto más baja sea esta, la bondad hipotética de la gestión presupuestaria del Gobierno reflejará una mejor imagen exterior. Y sus portavoces podrán anunciar, ante todo y ante todos, que han salvado la economía de los efectos de la crisis global.
La realidad, como suele suceder, es bien distinta. La gestión presupuestaria, plagada de políticas de gasto blindadas por pactos políticos, tiene aquí poco de ortodoxia financiera y mucho de ubicuidad y cortoplacismo. Una estimación de PIB inflada, como la que hemos visto, automáticamente reduce las cifras de déficit y de deuda pública hasta niveles más “cómodos” para el Gobierno de turno. El fraude contable va casi siempre acompañado de un correcto cuidado de la imagen. No lo olviden.
