Julián Núñez (Seopan): “El Gobierno está interponiendo recursos de inconstitucionalidad contra las CCAA que sí han incluido la revisión excepcional de precios en los contratos de servicios de su ámbito”
Concha Santos (ANCI): “La inversión en infraestructuras supone crecimiento económico, genera empleo y aumenta la competitividad del país”
Miguel Laserna (Deloitte): “Hace falta un marco de gobernanza, competencial y regulatorio que favorezca la colaboración público-privada”
Federico Ávila (Lantania): “Ningún país puede renunciar a invertir en infraestructuras sin condenar su futuro”
Las economías que más invierten en infraestructuras son, teóricamente, aquellas que más apuestan por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero, teniendo en cuenta el contexto económico en el que se encuentra actualmente España y la tendencia inflacionista, cabe preguntarse si es este el caso de nuestro país.
Capital analiza el estado actual del sector de las infraestructuras en España junto a Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que representa a las mayores empresas del sector; Concha Santos, presidenta de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), que engloba a las constructoras no cotizadas, 23 empresas responsables del 20% de toda la contratación de obra pública; Federico Ávila, presidente de Lantania, grupo español de ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructuras; y Miguel Laserna, socio de Financial Advisory de la consultora Deloitte.
El caso de España
Las infraestructuras son fundamentales para cualquier país, puesto que son el medio para obtener una mejora global en tres aspectos principales: el social, el económico y el medioambiental. Así lo entiende Concha Santos, presidenta de ANCI, que considera que la inversión en infraestructuras es una inversión productiva que supone crecimiento económico, genera empleo y aumenta la competitividad del país. Además, garantiza el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, la cohesión social y la sostenibilidad medioambiental del entorno.
“Nuestro bienestar y desarrollo económico dependen de las infraestructuras, un factor estratégico para incrementar nuestra productividad y competitividad”
JULIÁN NÚÑEZ (SEOPAN)
“Nuestro bienestar y desarrollo económico dependen de las infraestructuras, que actúan como palanca o instrumento para facilitar la prestación de servicios y suministros esenciales para la sociedad. Constituyen, asimismo, un factor estratégico para incrementar nuestra productividad y competitividad en un mundo cada vez más globalizado, impulsando y facilitando la actividad económica en sectores esenciales para nuestra economía como el turismo, las exportaciones, el comercio, la agricultura y ganadería o la industria”, apunta Julián Núñez, presidente de Seopan.
En palabras del presidente de Lantania, Federico Ávila, la red de infraestructuras española es excepcional, nos posiciona como uno de los países punteros a nivel mundial y nos hace poseedores de una de las mejores calidades de vida en el mundo. “Esto es un hecho reconocido por el gran volumen de personas que nos visitan anualmente y una muestra de la potencia que somos en infraestructuras es nuestra red ferroviaria de alta velocidad, la segunda en tamaño en el mundo”.
En este sentido, la presidenta de ANCI expone que la inversión pública en infraestructuras está aumentando en España gracias a los fondos europeos que se han destinado a inversión en infraestructuras dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Santos apunta, no obstante, que este proceso ha estado muy centrado “en áreas muy concretas, como el ferrocarril, y no en otras como las del ciclo integral del agua, el tratamiento de los residuos o las relacionadas con el cambio climático o las carreteras, que, tras largos años de ‘infrainversión’, requieren en la actualidad de inversiones muy importantes”.
La asignación financiera de los fondos europeos destinada a España representa 212.807 millones de euros hasta 2027, repartida en los programas Next Generation EU (NGEU) 2021-2027 (173.525 millones), REPowerEU 2027 (2.600 millones) y la Política de cohesión UE 2021-2027 (36.682 millones).
Tal y como exponen desde Seopan, de un total de 173.525 millones de euros de ayuda financiera europea del programa NGEU, las transferencias consignadas en las leyes de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) representan 54.821 millones, de las que 11.619 millones conllevan la ejecución de nueva infraestructura pública. Los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE (40.943 millones), no generan nueva infraestructura pública.
Al hilo de lo expuesto, Miguel Laserna, socio de Financial Advisory de Deloitte, advierte de que los fondos europeos deben contribuir, entre otros, “a la promoción y digitalización de infraestructuras; a la rehabilitación y la eficiencia energética del parque de edificios; a fomentar la producción de vivienda asequible y al despliegue de ayudas al sector privado para mejorar su eficiencia operativa”.
El ‘debe’ del Gobierno
Para que España sea considerado un país líder en materia de infraestructuras, según defiende la presidenta de ANCI, lo esencial es disponer de las infraestructuras necesarias en cada momento, alineadas con una estrategia de crecimiento sostenible del país. Y esto “requiere de un importante ejercicio de planificación a medio y largo plazo, que se ve entorpecido por los plazos que imponen las legislaturas. Solo un gran pacto de Estado sobre infraestructuras, independiente de colores políticos y de ciclos electorales, podría garantizar una inversión sostenible y eficiente en las infraestructuras necesarias”.
En su opinión, España tiene la suerte de contar con un gran número de empresas constructoras que habitualmente conjugan experiencia con innovación, porque eso las hace “más competitivas en el mercado”. La suficiente concurrencia de empresas competitivas a las licitaciones públicas es la mejor y mayor garantía de la eficiencia de la contratación pública, añade Santos.
Por su parte, el presidente de Lantania, Federico Ávila, señala que a nivel gubernamental hace falta intensificar la apuesta por la innovación en sectores que son claves para el futuro de la sociedad y el país, como generar energía basada en fuentes renovables, la eficiencia energética en edificios, la mejora de la movilidad de personas y mercancías o el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua.
Y, sobre la colaboración público-privada, Miguel Laserna (Deloitte) hace hincapié en que hace falta un marco de gobernanza, competencial y regulatorio que la favorezca, en un contexto aún de elevada liquidez, ya que los presupuestos públicos no van a dar abasto para cubrir el déficit de infraestructuras existente. “El marco debe favorecer una adecuada estructuración de los proyectos, con un balance de riesgos y recompensas para el sector público y el privado”.
Desde el punto de vista de las empresas constructoras no cotizadas, Concha Santos explica que estas concurren a las licitaciones públicas en libre competencia con muchas otras empresas y que “la única sensibilidad que se le debe exigir al Gobierno es que garantice que todas estas empresas con capacidad probada puedan, independientemente de su tamaño, concurrir en igualdad de condiciones, al objeto de garantizar la eficiencia de la contratación pública”. Y ello pasa por no establecer ningún tipo de barrera de entrada, ya sea en forma del tamaño de contratos, medios excesivos o modificaciones de los sistemas de contratación hacia modelos menos abiertos.
"Solo un gran pacto de Estado sobre infraestructuras podría garantizar una inversión sostenible y eficiente”
CONCHA SANTOS (ANCI)
En lo que respecta a la obra pública, que representa un porcentaje muy elevado de la cifra de negocio de las empresas del sector, Federico Ávila, presidente de Lantania, refiere que la aportación del cliente público seguirá siendo muy relevante, ya que “ningún país puede renunciar a invertir en infraestructuras sin condenar su futuro”.
En 2022, según los datos que maneja Seopan, se ha producido un gran incremento de la licitación y contratación pública de obras, subiendo, respectivamente, un +34% (hasta alcanzar los 29.615 millones de euros) y un +16% (hasta los 13.648 millones de euros). Por otro lado, en 2022 se ha registrado una reducción de 3,8 puntos de las bajas de contratación.
“España tiene la necesidad de incrementar y conservar sus redes de carreteras y ferrocarril, mejorar las infraestructuras portuarias, abordar nuevos esquemas de movilidad y de desarrollo urbano, potenciar las infraestructuras de tratamiento de agua (depuración y desalación), etc. Además, las infraestructuras son destino de un importante volumen de los fondos europeos Next Generation y las inversiones en este sector han demostrado históricamente un efecto multiplicador en la economía, con impacto a muy corto plazo”, destaca el presidente de Lantania.
Por su parte, el socio de Deloitte augura un impulso con el despliegue de los fondos europeos, “si bien la magnitud de este impulso dependerá de que se aborden las necesarias medidas que garanticen un equilibrio en la matriz de riesgos de los proyectos, muy especialmente los relativos al incremento en los costes”.
El lugar de España en el contexto internacional
Recientemente se ha visto como una de las empresas del Ibex 35, que opera en el sector de las infraestructuras, Ferrovial, ha anunciado el traslado de su sede fuera de España. Entre otros motivos, hay quien ha señalado el de la estabilidad jurídica. Sin embargo, el presidente de Lantania afirma que “no hay duda de que España, como parte integrante de la Unión Europea, es un mercado estable desde el punto de vista jurídico”.
Aun así, independientemente de ello, Ávila añade que sería altamente recomendable trabajar en un pacto de Estado entre las principales fuerzas políticas en materia fiscal y laboral cuyo horizonte fuese más allá de cada legislatura. Otras materias por abordar serían la reducción de riesgos contractuales y de proyecto con la Administración Pública y la revisión de la Ley de Desindexación en lo que respecta a su aplicación a la rentabilidad de los contratos de concesión.
En el contexto internacional, sostiene Concha Santos, España compite con muchos otros países que tienen infraestructuras modernas y, sobre todo, que mantienen una estrategia de sostenibilidad de las inversiones en infraestructuras como pieza fundamental de la competitividad del país en una economía global.
A pesar de esto, Federico Ávila afirma que el mercado español de infraestructuras ha demostrado ser un modelo de éxito, contando con un amplio tejido, desde grandes multinacionales que copan los principales rankings del sector, hasta infinidad de empresas contratistas de ámbito local, pero todas ellas con contrastada capacidad de ejecución. En este entorno también se puede conseguir ventaja competitiva, ya que, si se aporta valor añadido, como la experiencia o la tecnología, el modelo de asociación (joint venture) da la posibilidad de abrir nuevos mercados y reducir riesgos.
La inflación y los sobrecostes lastran los márgenes empresariales
“Los márgenes de las empresas constructoras están viéndose muy perjudicados por los sobrecostes acumulados y no compensados, así como por el incremento de coste de la mano de obra”, apunta Concha Santos (ANCI). Y hace hincapié en que, en la medida que se mantenga el escenario inflacionario y de incertidumbre en el que coinciden los analistas, será más importante disponer de las medidas necesarias para hacer viables los contratos.
Algo en lo que coincide el presidente de Lantania, Federico Ávila, que cree que, para conseguir los objetivos marcados, es fundamental tener presente el encarecimiento de las materias primas y las energías. “Es necesario incluir la revisión excepcional de precios como un sistema estable dentro de la Ley de Contratos del Sector Público, de lo contrario muchos de los contratos corren el riesgo de quedarse desiertos e incluso obras en marcha podrían ralentizarse o parar”, señala.
En marzo de 2022 se publicó el Real Decreto Ley 3/2022, que contenía un mecanismo excepcional de revisión de precios para los contratos de obras. Una medida, según la presidenta de ANCI, que se ha visto desbordada por la mala evolución de la economía.
“Los fondos europeos deben contribuir a la promoción y digitalización de las infraestructuras y a la rehabilitación y la eficiencia energética de los edificios
MIGUEL LASERNA (DELOITTE)
“Los costes de las materias primas y, sobre todo, de la energía -cuya compensación nunca se ha llegado a contemplar a pesar de las reclamaciones del sector por el peso que ésta tiene en las obras-, siguieron creciendo desde esa fecha. En este momento, los límites impuestos por el mecanismo para la revisión de precios, hace meses que se han visto superados, y los sobrecostes en muchas obras superan ese 20%, llegando incluso a duplicarse. Por ello eliminar el tope del 20% para la compensación es fundamental para garantizar la viabilidad de muchos contratos”, destaca Santos.
Desde Seopan exponen que los precios de materiales y de la energía siguen en niveles muy superiores a 2020, con revisiones de precios en el 85% de las obras, superando el límite del 20% del RDL 3/2022. De esta forma, aunque el acero, el cobre y el aluminio registran caídas de precios (un -6%, -12% y -12%, respectivamente), continúan siendo un 51%, 38% y 33% superiores a los de 2020. Por su parte, el gas y la electricidad bajan sus precios un -12% y -62%, pero continúan siendo una “losa para la actividad”, al incrementarse un 556% y 121% con respecto a los de 2020.
Utilizando los índices oficiales que periódicamente publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que se utilizan para la revisión de precios de los contratos de las Administraciones Públicas, entre enero de 2021 y junio de 2022 (último índice publicado), los incrementos de los principales materiales de construcción han sido del 68% en los materiales siderúrgicos; del 59% en el aluminio; del 22% en el cemento; del 81% en los materiales bituminosos y del 88% en la energía.
De este modo, según expone la presidenta de ANCI, “estos sobrecostes de materiales y energía, que llevan acumulando las empresas durante más de dos años, unidos a la escasez de mano de obra, están suponiendo que los costes de producción y laborales estén muy por encima de los márgenes de estas empresas”.
Este aumento de costes ha afectado de forma drástica al sector, según Federico Ávila (Lantania), ya que su actividad es muy intensiva en consumo de materias primas (cemento, acero, betunes, etc.) y energía. “Si a ello le sumamos la eliminación de la revisión de precios en los contratos de la obra pública, derivada de la Ley de Desindexación, y el hecho de que las obras que ejecutamos tienen una duración media superior a los doce meses, nos enfrentamos a un gravísimo problema, con un impacto muy relevante en la rentabilidad de nuestras operaciones y en las relaciones con nuestros clientes”.
Así, explica que, en el caso de su compañía, se han visto obligados a dejar de presentarse a una de cada cuatro licitaciones de obra pública de las que estudian por considerar que el presupuesto está por debajo de sus costes, algo que antes ocurría de manera muy puntual. En resumen, “esta coyuntura ha incorporado más riesgos a un sector intrínsecamente ya muy complejo”.
Por otro lado, añade Santos, “lo razonable es contar con medidas estructurarles que garanticen la viabilidad de los contratos en cualquier contexto sobrevenido”. En concreto, se trataría de retomar como norma general la revisión de precios del contrato, constituyendo esta la medida por excelencia para actualizar costes, a fin de que, en aras de salvaguardar el equilibrio económico del mismo, se adecúe en todo momento al mercado.
Estos contratos de concesión de servicios de operación, conservación y mantenimiento de infraestructuras, de naturaleza esencial y prioritaria y que dan empleo a más de 70.000 trabajadores, según advierte Seopan, fueron excluidos del ámbito del RD-ley 3/2022 de revisión de precios excepcional, lo que implica continuar con su actividad sin derecho a revisión de sus cánones. Además, “el Gobierno está interponiendo recursos de inconstitucionalidad contra las CCAA que sí han incluido la revisión excepcional de precios en los contratos de servicios de su ámbito”.
Las infraestructuras clave para la economía española
En un contexto como el expuesto, cabe preguntarse cuáles son, entonces, las infraestructuras clave para reflotar una economía como la española y qué papel deben jugar para la reconstrucción económica y social de España. En este sentido, Julián Núñez, presidente de la patronal, defiende que las infraestructuras clave para nuestra economía guardan relación con el agua y medioambiente, la movilidad, la energía, la salud y la infraestructura verde.
“Según nuestro diagnóstico, hará falta un mínimo de 253.000 millones de suros para cumplir la Agenda 2030 y acabar con el déficit acumulado estos años, repartido en: 23.825 millones de euros en Agua y Medioambiente, que permitirán cerrar los expedientes de sanciones abiertos por la Comisión Europea en depuración y tratamiento de residuos; 73.515 millones de euros en infraestructuras para garantizar una movilidad sostenible y segura, así como recuperar inversiones en infraestructuras de transporte público - cercanías y metro -; actuar en la red viaria convencional para reducir la fatalidad - 2+1 y actuaciones en tramos viarios con elevada concentración de accidentes – o invertir en la red ferroviaria convencional y en estaciones de transporte intermodal para promover el transporte ferroviario de mercancías”, sostiene.
Asimismo, destacan también 128.500 millones de euros para cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de eficiencia energética, energía renovable, autoconsumo, almacenamiento e infraestructura de recarga para garantizar la movilidad eléctrica; 21.400 millones de euros en infraestructura de salud para reforzar la capacidad del sistema hospitalario e igualar la capacidad asistencial a la ratio medio de la OCDE, y 6.000 millones de euros en creación de infraestructuras verde en entornos urbanos.
De igual forma, el sector no solo ha tenido que hacer frente al encarecimiento de las materias, sino también a la crisis derivada de la pandemia del Covid. Ahora, teniendo en cuenta que las infraestructuras desempeñan un papel fundamental en la mejora de las condiciones económicas y sociales de cualquier país, “es más importante aprovechar todo el potencial de la inversión productiva en infraestructuras, de dinamización a corto plazo y de transformación en un horizonte más lejano, ya que, en este contexto, la planificación de la inversión es esencial para maximizar su entorno”, subraya Concha Santos (ANCI).
Como se ha visto, y así lo entiende Federico Ávila, presidente de Lantania, el sector de las infraestructuras es un motor de generación de actividad y empleo (directo e indirecto) a nivel mundial. Además, “afecta a actividades estratégicas para el futuro de nuestra sociedad como la sostenibilidad, energía, transporte, vivienda, etc., cruciales no sólo por el impacto económico, sino por las implicaciones sociales futuras”.
Por otro lado, tal y como destaca la presidenta de ANCI, en términos económicos, el sector de la construcción de obra pública es el que genera una mayor actividad económica, un total de 1,92 euros por cada euro invertido en infraestructuras. Y es el segundo mayor generador de empleo, con catorce puestos de trabajo directos e indirectos que se producen por cada millón de euros invertido en infraestructuras.
“Además, el retorno fiscal del gasto en infraestructuras es casi del 50%, recuperándose medio euro por cada euro invertido, mediante impuestos, tasas y cotizaciones. Más allá de términos puramente económicos, la inversión en infraestructuras necesarias y bien planificadas es clave para impulsar el bienestar, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizar la inclusión y la cohesión social, y eliminar desequilibrios territoriales”, sentencia.
En cuanto a las tendencias que van a impulsar el crecimiento del sector en las próximas décadas, el socio de Financial Advisory de Deloitte, Miguel Laserna, señala la descarbonización de la economía, la transformación tecnológica y digital y la evolución demográfica. “Estas tendencias generan una significativa necesidad de inversión que podría verse condicionada por la situación de las finanzas públicas, generando posibles restricciones estructurales para la inversión en un sector que requiere de una planificación a largo plazo estable, predecible y que responda a las necesidades del país y a la adecuada dotación para el mantenimiento de las infraestructuras actuales”.
Así, Laserna añade que la colaboración público-privada es un instrumento fundamental para canalizar esa liquidez que todavía hoy existe en los mercados financieros hacia la inversión en infraestructuras en nuestro país.
“Las inversiones en infraestructuras han demostrado históricamente un efecto multiplicador en la economía, con impacto a muy corto plazo”
FEDERICO ÁVILA (LANTANIA)
Por su parte, el presidente de Lantania destaca que España es un país que actualmente está privilegiadamente posicionado en diferentes sectores clave. El primero de ellos es que tiene la oportunidad de ser un polo de excelencia en transformación verde (eólico, solar fotovoltaica e hidrógeno), tanto por la experiencia, como por situación geográfica, con posibilidad de atracción de inversión internacional además de potenciar su posición geoestratégica.
No solo eso, sino que también tiene la posibilidad de aumentar la productividad a través de inversiones en infraestructuras de transporte (ferroviario y carretera), de reducir el consumo energético mediante la eficiencia en edificios y la extraordinaria experiencia en diferentes sectores como son el ferroviario, las energías renovables o la desalación, algo que “nos hace muy competitivos de cara a la exportación de tecnología y la participación en proyectos internacionales”, apunta Federico Ávila.
Volviendo sobre las tendencias, Miguel Laserna (Deloitte) puntualiza que las relacionadas con la demografía implicarán la necesidad de abordar inversiones significativas en infraestructuras de transporte, agua, infraestructura social y servicios; mientras que la descarbonización de la economía supondrá un incremento relevante de la inversión en energías renovables, eficiencia energética de las infraestructuras, movilidad sostenible, agua y medioambiente; y la transformación digital de las empresas y de la sociedad, implicará un incremento en las infraestructuras de telecomunicaciones.
