La escalada de precios de los alimentos ha sido la excusa del Gobierno para atacar a la distribución alimentaria. Las acusaciones van desde decir que los supermercados “se han forrado” hasta llamar ‘capo’ a uno de los empresarios más reputados de este país. El retail alimentario, por su parte, se muestra contrariado por estos insultos.
Durante los últimos veinte años, los precios de todo tipo de productos de alimentación se han mantenido casi sin cambios. Con alguna salvedad, como en el inicio de la crisis de 2008 la evolución de los precios ha sido estable, con picos que rondan el 2% interanual, e incluso por debajo de esa cifra desde 2014, cuando España sufrió la llamada segunda recesión.
Después, el fin de la pandemia trajo presión en la demanda y en la oferta, lo que provocó un incremento de los precios sin precedentes. Ello, sumado al ataque de Rusia a Ucrania y a otros factores, como la sequía, llevó el IPC de alimentación al récord del 16,5% de marzo. Después, se ha ido moderando, pero continúa por encima de los dos dígitos.
Ahondando más en esas causas, hay que hacer hincapié en el encarecimiento de las materias primas. El director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Ignacio García Magarzo, cuenta a Capital que, en muchos casos, sobre todo en productos frescos, el transporte representa alrededor del 10% del coste total. Lo mismo ocurre con la electricidad o el aceite de oliva y girasol, que también suponen una parte del coste final de muchos productos.
No obstante, en los primeros momentos los precios se contuvieron, gracias a que “la distribución es muy competitiva”, dice el portavoz de Asedas, y también al esfuerzo del sector alimentario en su conjunto. Eso sucede a finales de 2021, cuando se empieza a vislumbrar una moderación de los costes. Pero, como recordarán los lectores, en febrero de 2022 estalla la guerra y, en lugar de atenuar los costes, los hace dispararse.
El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, apunta también a los cambios normativos. “Nuestro sector ha tenido que ir capeando todas esas circunstancias, además de las circunstancias imprevisibles que han ocurrido”, señala del Pino.
En este punto, ambos portavoces coinciden con Alfonso Sebastián, cofundador y vicepresidente de la Asociación Española de Retail (AER): “Los supermercados han sabido amortiguar el aumento de precios, es decir, no han trasladado todos los costes a precios”. Es más, para Sebastián, la inflación está siendo menor “de la que debería ser si se hubieran trasladado los costes en su integridad”.
Para afrontar ese impacto, desde la distribución alimentaria se pidieron numerosas medidas, sobre todo encaminadas a reducir el incremento del coste de los carburantes y de la energía. “Para muchas empresas el coste de la energía se multiplicó por dos y por tres y eso ha provocado que varias de nuestras empresas dieran pérdidas por primera vez en su historia”, indica el director general de Asedas.
Otro de los problemas de la alimentación es que el traslado de los precios no es inmediato. “Ya se están experimentando algunas bajadas de precios en inputs agroalimentarios a nivel internacional, pero va a tardar unos meses en llegar al precio del producto final”, comenta del Pino. El ejemplo que pone es el de la carne: si bien el precio de los cereales puede empezar a bajar, de ahí hasta que se convierte en pienso y tras ese proceso llega un filete de carne a un lineal del supermercado pueden pasar meses.
Con todo, desde el sector se empezó a alertar al Gobierno de lo que podía ocurrir. “Nosotros llegamos a decir en marzo de 2022 en los despachos del Gobierno que el IPC se iba a poner en el 15% y nadie lo creía, todo el mundo pensaba que era una barbaridad”, recalca García Magarzo.
La respuesta no fue la esperada, dado que no solo no se atendió a las advertencias y peticiones, sino que desde varios ministerios se emitieron graves acusaciones. “Las grandes cadenas se están forrando con la inflación”, “hay un oligopolio”, “Roig es un capitalista despiadado y el capo de un cuasi oligopolio”, “las cadenas están aprovechando para ampliar sus márgenes”, “saqueadores”, “especuladores” … Son algunos de los insultos que se han escuchado en los últimos meses.
Las cifras desmienten todas esas afirmaciones, dado que si el margen habitual de estas empresas ronda el 2%-3%, la mayoría de las empresas ha visto cómo esa cifra se reducía o, como mucho, se mantiene con respecto al año pasado. “Es algo que han sufrido todas las cadenas de este país”, explica Alfonso Sebastián.
Tampoco es cierto que exista un oligopolio, dado que las tres principales cadenas de supermercados alcanzan el 40% de la cuota de mercado, frente al 60% de otros países como Francia o el 50% que acaparan los dos principales operadores en Portugal.
“Les da igual porque no son capaces de analizar la realidad”, sostiene el vicepresidente de AER, quien prosigue: “Claro que han subido los precios, pero no en la misma proporción que les han subido los costes, por eso reducen márgenes”. “El Gobierno ha intentado poner encima al consumidor, como haciendo ver que se estaban beneficiando de la situación”, reflexiona.
“Hemos asistido con preocupación, tristeza y perplejidad al ruido político que se ha generado en torno a nuestro sector”, afirma García Magarzo. ¿El sector cree que esos mensajes pueden calar en la sociedad?: “Espero que no, francamente, porque parten de premisas que son falsas e ignoran datos objetivos que todo el mundo comprende”, responde. “Nos ha parecido muy injusto”, remacha el director general de Asedas.
Para el presidente de Aces, el debate político ha creado incomodidad entre sus asociados. “Ese debate ha enturbiado la imagen de un sector que ha actuado muy eficazmente y además de manera muy solidaria con la población española, sin ir más lejos en ocasiones como la pandemia, la huelga de transporte o la borrasca Filomena”, defiende Del Pino.
De esa forma, se rechazan las numerosas propuestas lanzadas desde el Gobierno, como la intervención de precios o la creación de un supermercado público. “Nos sentimos preocupados por la posibilidad real de que se pudieran tomar medidas que a todas luces iban a ser contrarias al marco constitucional”, afirma Del Pino.
Peticiones al nuevo gobierno
En estas circunstancias, el presidente de Aces se conforma con que las administraciones “confíen en el sector empresarial”. “Necesitamos esa confianza en el sector empresarial porque se ha visto que las soluciones que se han dado han ido muy por delante de la administración”, dice.
Además de eso, tiene la petición concreta de facilitar una mayor libertad para definir las políticas comerciales, menos intromisiones en los surtidos o en los requisitos para abrir nuevos establecimientos.
García Magarzo, por su parte, destaca una ausencia dentro del debate político, más centrado en las acusaciones que en soluciones concretas. “Hemos hablado mucho de cómo ha afectado a la sociedad en general, pero menos de cómo ha afectado a las capas sociales más desfavorecidas, aquellas cuyo gasto de alimentación es más importante dentro de la economía familiar”. De ese modo, elogia la labor que hacen muchas compañías por medio de colaboraciones con bancos de alimentos y entidades sociales, aunque echa en falta más acción pública.
El director general de Asedas pide también evitar en lo posible nuevos costes que graven el consumo, además de los medioambientales que “ahora mismo la sociedad no se puede permitir”. Asimismo, apuestan por una extensión de la rebaja del IVA o, al menos, por el mantenimiento de un IVA reducido.
