La reciente designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España ha desatado un debate intenso en los círculos políticos y económicos del país. No sólo porque rompe con una tradición de 45 años, al ser la primera vez en la historia de la democracia que un ministro en activo asume este rol, sino también porque resalta una tendencia en el actual Gobierno de Pedro Sánchez a realizar nombramientos que han sido tildados de "a dedo" y polémicos.
Desde que España adoptó la democracia, el Banco de España ha sido presidido por figuras ajenas a los cargos ministeriales en activo. Esto respondía al deseo de mantener una clara separación entre la esfera política y la económica, un principio que ha sido ampliamente respetado durante casi medio siglo. La última vez que un ministro asumió un cargo similar fue en 1978, con Mariano Rubio, quien también despertó controversia por su cercanía al entonces Gobierno de Felipe González. Sin embargo, la situación actual es especialmente sensible, dado el contexto económico incierto y la creciente polarización política.
José Luis Escrivá, hasta ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, es un economista con una trayectoria técnica de relevancia. Fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), posición desde la que ganó respeto en el ámbito económico. Sin embargo, su nombramiento como gobernador del Banco de España ha generado críticas tanto desde la oposición como desde algunos sectores independientes. El principal argumento de sus detractores es que la independencia del Banco de España podría verse comprometida por haber sido ministro bajo el mandato de Pedro Sánchez. Esta institución, que tiene un rol crucial en la supervisión de las entidades bancarias y en la política monetaria, requiere de una autonomía que, según algunos analistas, podría verse afectada por la estrecha relación de Escrivá con el actual Ejecutivo. Este tipo de nombramientos plantea dudas sobre si la independencia de los organismos de control y supervisión está realmente garantizada.
El Partido Popular (PP) y otros partidos de la oposición han expresado su preocupación por la posible politización del Banco de España. Según ellos, el nombramiento de Escrivá es un movimiento más en una serie de decisiones que apuntan a una consolidación del poder en el entorno cercano a Sánchez, debilitando la confianza en la imparcialidad de las instituciones.
Otros nombramientos polémicos
El caso de Escrivá no es el único ejemplo de un nombramiento controvertido en la actual legislatura de Pedro Sánchez. Otro de los más sonados fue el de Dolores Delgado, ex ministra de Justicia, nombrada fiscal general del Estado en 2020, inmediatamente después de dejar el cargo ministerial. Esta decisión generó una ola de críticas por la evidente falta de distancia entre la política y el sistema judicial. La fiscalía general es un órgano que debería ser independiente del poder político, y la elección de una figura tan cercana al Gobierno fue vista por muchos como una amenaza a esa independencia.
Las críticas no solo provinieron de la oposición, también de varios sectores judiciales, quienes señalaron que el nombramiento de Delgado minaba la confianza pública en la imparcialidad de las instituciones. Además, se resaltó la posibilidad de un conflicto de intereses, ya que Delgado había gestionado temas judiciales relevantes durante su tiempo como ministra, y luego pasó a liderar una de las principales instituciones del ámbito legal.
Otro de los casos que levantó suspicacias fue el nombramiento de Pedro Duque, el famoso astronauta español, como ministro de Ciencia e Innovación en 2018. Aunque su perfil técnico parecía adecuado para el cargo, muchos cuestionaron su falta de experiencia en gestión política y gubernamental. La decisión de Sánchez de poner a una figura mediática en un puesto clave como el de Ciencia e Innovación fue interpretada por algunos como una jugada de marketing político.
Y uno más fue el de María Gámez, la primera mujer en ocupar el cargo de directora de la Guardia Civil, cuyo nombramiento generó suspicacias sobre la politización de la institución. Aunque su llegada fue celebrada por algunos como un paso hacia la igualdad, otros sectores vieron la mano del Ejecutivo en una elección que debería haberse centrado en méritos estrictamente profesionales.
