El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a la plataforma Airbnb el bloqueo de cerca de 66.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas. Esta medida fue comunicada oficialmente este lunes por el departamento dirigido por .
A través de la Dirección General de Consumo, el ministerio ha solicitado a la filial irlandesa de la multinacional que elimine un total de 65.935 anuncios, tras determinar que infringen la normativa sobre la publicidad de alojamientos turísticos. Se considera que estos anuncios vulneran las regulaciones establecidas por diversas comunidades autónomas en España.
Los anuncios en cuestión corresponden exclusivamente a viviendas completas de uso turístico, sin incluir habitaciones individuales. En meses recientes, el Ministerio ha enviado a Airbnb hasta tres resoluciones notificando la existencia de estos anuncios ilegales. A pesar de los intentos de la compañía por impugnar estas acciones ante los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha respaldado la labor del ministerio, instando a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de forma inmediata.
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Desde la Dirección General de Consumo se han expuesto tres razones principales para considerar ilegales los anuncios en cuestión: en primer lugar, la falta del número de licencia o registro, requerido por varias normativas autonómicas; en segundo lugar, la ausencia de información sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo que impide conocer si estos son profesionales o particulares; y en tercer lugar, algunos anuncios incluyen números de licencia incorrectos, lo que podría inducir a error a los consumidores.
Los anuncios objeto de la decisión del TSJM afectan a comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y País Vasco. En la misma línea, el ministro Bustinduy ha manifestado su compromiso de trabajar junto a las administraciones públicas para combatir el descontrol y la ilegalidad en alojamientos turísticos, con el fin de proteger los derechos de los consumidores y favorecer el acceso a la vivienda.
Consumo redobla su compromiso con la causa, trabajando en la recopilación de información y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones
Además, el ministerio está llevando a cabo actuaciones complementarias, incluyendo la apertura de expedientes sancionadores a plataformas de alquiler turístico y grandes gestoras de pisos que no cumplen con la normativa sobre la publicidad del número de licencia. Estas investigaciones continúan su curso de manera independiente a las medidas anunciadas recientemente.
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