La polémica en torno al anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la revocación de unas 53.000 viviendas turísticas en Andalucía ha generado una reacción contundente por parte de la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro). La organización sostiene que esta medida «constituye un ataque directo a la seguridad jurídica, a la economía andaluza y a las competencias autonómicas reconocidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía».
Avvapro ha puntualizado que muchas de estas viviendas no han perdido su licencia turística autonómica, ya que la mayoría cuenta con autorización legal otorgada por la Junta de Andalucía y llevan años operando bajo la normativa autonómica vigente. Según el sector, el problema radica en los fallos del Registro Digital Único y la falta de criterios claros por parte de los registradores, lo que ha impedido que numerosos inmuebles obtengan su Número de Registro de Alquiler (NRA). Se considera que elevar este problema técnico a una «ilegalidad masiva» es un intento de manipulación de la opinión pública.
El intento del Gobierno de Pedro Sánchez de arrogarse esta potestad constituye una invasión flagrante de competencias y un desafío directo al marco constitucional
La Junta de Andalucía, junto con otras tres comunidades autónomas y dos asociaciones, ha impugnado el Real Decreto 1312/2024 que regula el Registro Único por considerar que excede las competencias estatales. La orden ministerial está siendo cuestionada en los tribunales, lo que, según el sector, genera una inseguridad jurídica inaceptable que coloca a miles de familias y empresas en situación de incertidumbre.
Desde Avvapro también han subrayado el impacto negativo de señalar como ilegales a miles de viviendas con licencia autonómica, ya que consideran que es un ataque al motor económico de Andalucía y de España. Las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada, donde el turismo de corta duración sostiene decenas de miles de empleos, podrían verse especialmente afectadas. El deterioro de la imagen internacional de España como destino turístico es calificado de «una irresponsabilidad» que repercutirá en los trabajadores, familias y empresas andaluzas.
Por último, la atención se centra en la verdadera raíz del problema: «la falta de vivienda de nueva construcción frente a una altísima demanda». En catorce años, no se han construido más de 100.000 viviendas anuales, a pesar de un crecimiento poblacional superior a los 700.000 habitantes por año. Las medidas planteadas por el Gobierno no solo no abordan esta cuestión, sino que desvían la atención del problema real.
Pedro Sánchez trata de manipular a la ciudadanía cuando habla de 53.000 viviendas ilegales: la realidad es que está atacando a Andalucía, a sus competencias y a un sector que es clave para nuestra economía
