El sistema público de bicicletas eléctricas de Madrid, BiciMAD, se enfrenta a un problema creciente: el uso intensivo por parte de repartidores de plataformas de envío a domicilio.
Aunque el reglamento del servicio prohíbe de forma clara utilizar las bicicletas con fines comerciales o para transportar mercancías, los riders han convertido el servicio en una alternativa barata para realizar sus trayectos diarios de reparto, saturando estaciones y reduciendo la disponibilidad para los ciudadanos que lo usan para desplazarse.
El fenómeno, visible especialmente en zonas céntricas y en franjas de alta demanda, ha generado quejas entre usuarios habituales, que aseguran encontrar cada vez más bicicletas ocupadas o estaciones vacías en horas punta.
Además de la escasez, el uso intensivo propio de la actividad de reparto está acelerando el desgaste del material, según indican fuentes del sector, lo que obliga a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a incrementar las tareas de mantenimiento.
El Ayuntamiento reconoce el problema y ha comenzado a estudiar fórmulas para limitar este uso fraudulento. Entre las opciones que están sobre la mesa figuran endurecer la vigilancia del servicio, suspender cuentas que se utilicen para actividades lucrativas o incluso crear tarifas específicas para repartidores que, aunque permitirían canalizar ese uso, también encarecerían el coste para quienes lo emplean como herramienta de trabajo.
Actualmente, BiciMAD cuenta con más de 7.700 bicicletas y 600 estaciones distribuidas por los 21 distritos de la capital. Con una tarifa plana de 10 euros al mes, muchos repartidores ven en el sistema una alternativa más económica que mantener una bicicleta eléctrica propia, cuyo precio supera en muchos casos los 600 euros.
Este incentivo económico ha contribuido a disparar un uso que el Consistorio considera inadecuado y que, además, resulta difícil de controlar, ya que no existe un mecanismo automático para identificar a un usuario que está realizando reparto profesional.
A este conflicto se suma el déficit de infraestructuras ciclistas en algunos puntos de Madrid, lo que limita la expansión de la bicicleta como transporte urbano para los ciudadanos.
Mientras tanto, el Ayuntamiento trabaja en nuevas medidas y los usuarios siguen reclamando que BiciMAD recupere su disponibilidad y su función original como servicio público de movilidad sostenible.
