Desde el pasado mes de marzo, los operadores de telecomunicaciones en España han bloqueado casi 135 millones de llamadas y más de 5 millones de SMS, gracias al Plan antiestafas del Gobierno. Este plan, que entró en vigor el 7 de marzo de 2025, fue implementado mediante una orden ministerial que obliga a los operadores a bloquear comunicaciones fraudulentas, ya sean llamadas o mensajes de texto. A lo largo de los meses, el número de comunicaciones bloqueadas ha crecido significativamente.
En agosto, los datos revelaron el bloqueo de cerca de 48 millones de llamadas entre el 7 de marzo y el 31 de julio. Posteriormente, entre agosto y noviembre, se registraron 87.013.921 llamadas bloqueadas, lo que representa un incremento del 81% respecto al periodo anterior. En cuanto a los mensajes SMS, se interceptaron más de 2 millones hasta agosto, cifra que aumentó a 3.006.148 entre agosto y noviembre, un 35% más.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha celebrado el éxito del plan, destacando que «el Plan antiestafas telefónicas y por SMS del Gobierno está funcionando». López también adelantó que una última medida técnica se implementará en 2026. Esta consiste en la creación de una base de datos oficial de códigos alfanuméricos usados por empresas y administraciones, gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que permitirá mejorar la autenticidad de las comunicaciones y proteger las identidades legítimas.
Está claro que el Plan antiestafas telefónicas y por SMS del Gobierno está funcionando
El Ministerio subrayó que esta medida es crucial, ya que muchos fraudes por SMS simulan ser de entidades legítimas para engañar y obtener información o instalar software dañino.
Desde su entrada en vigor, el plan obliga a los operadores a bloquear números que no pertenecen a ningún usuario o servicio, como aquellos comienzan por 3 o 4. A partir del 7 de junio, también se bloquean llamadas y SMS de origen internacional que imiten numeración española. Además, se ha prohibido el uso de números móviles para llamadas comerciales y de atención al cliente, permitiendo solo numeraciones geográficas, comerciales o números 800 y 900.
La Ley de Servicios de Atención al Cliente, actualmente en proceso de aprobación en el Congreso, añadirá una numeración específica para llamadas comerciales, que será obligatoria en seis meses. La Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, por su parte, está disponible para atender reclamaciones si los ciudadanos continúan recibiendo llamadas comerciales no deseadas.
