Canarias se enfrenta a una tormenta laboral en pleno arranque del verano. Con el turismo marcando cifras récord y el sector aportando más del 35 % del PIB regional, los sindicatos de hostelería han anunciado la posibilidad de convocar huelgas todos los viernes de julio y agosto si no se alcanza un acuerdo que incluya subidas salariales significativas y garantías de poder adquisitivo. Esta amenaza de paralización llega en el momento más delicado del calendario turístico, y ya ha encendido las alarmas en los sectores empresarial, institucional y financiero de las islas.
El conflicto se arrastra desde comienzos de 2024, pero estalló durante la Semana Santa, cuando los trabajadores protagonizaron paros con seguimientos que oscilaron entre el 35 % y el 70 %. La oferta de subida salarial del 6 % propuesta por la patronal Ashotel fue rechazada de plano por los sindicatos, que la consideraron insuficiente frente a la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante los últimos años.
Desde entonces, las negociaciones han sido tensas. Ashotel propuso un aumento escalonado del 13,5 % hasta 2028, condicionado a una revisión de cláusulas laborales que los sindicatos rechazan por su impacto en derechos adquiridos, como la antigüedad. Mientras tanto, las organizaciones sindicales (entre ellas, CCOO, UGT y Sindicalistas de Base) exigen un aumento inmediato del 6,5 % con efectos retroactivos desde enero de 2024 y garantías claras de revisión salarial conforme al IPC.
El 25 de junio se anunció un preacuerdo entre Ashotel y dos sindicatos (UGT y SB), impulsado tras una mediación directa del Gobierno canario, encabezado por el presidente Fernando Clavijo. El texto incluye una subida global del 13,5 %, mantenimiento de derechos básicos y cláusula de revisión de poder adquisitivo. Sin embargo, CCOO, uno de los sindicatos con mayor representatividad, se desmarcó públicamente del pacto, calificándolo de “insuficiente y ambiguo”. La organización ha mantenido la amenaza de huelga para los meses de julio y agosto, justo en el momento en que las islas esperan una afluencia de más de 2,5 millones de visitantes solo en esos dos meses.
El impacto potencial es significativo. El sector hotelero y de alojamiento en Canarias representa no solo el principal motor económico de las islas, sino también la base para cientos de miles de empleos directos e indirectos. Cualquier interrupción prolongada en servicios básicos como recepción, cocina, limpieza o mantenimiento podría generar cancelaciones masivas, afectar la reputación internacional del destino y desincentivar la inversión.
Según datos de Exceltur, el verano de 2025 podría suponer el 38 % de la facturación anual del sector turístico canario, con una ocupación prevista cercana al 90 % en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.
Por su parte, los sindicatos argumentan que el conflicto revela una contradicción estructural: mientras el turismo bate récords en facturación e inversión, los trabajadores de base apenas perciben mejoras en sus condiciones. En muchas zonas del archipiélago, los salarios se han estancado por debajo de los 1.200 euros netos mensuales, mientras el coste de vida (especialmente el precio de la vivienda) no ha dejado de crecer. Este desequilibrio se refleja también en la tasa de pobreza estructural, que sigue rondando el 30 % en algunas islas, y en una tasa de desempleo que, aunque ha mejorado, continúa siendo de las más altas de España (13,2 % en el primer trimestre de 2025, según el INE).
El conflicto laboral coincide además con una creciente tensión social por los efectos del turismo masivo. El pasado mes de abril, más de 23.000 personas salieron a las calles en varias islas bajo el lema “Canarias tiene un límite”, reclamando una reorientación del modelo turístico hacia fórmulas más sostenibles. La acumulación de malestar -económico, laboral y ambiental- dibuja un escenario cada vez más complejo para las administraciones públicas, que deben equilibrar la atracción de inversión con la protección del tejido social local.
A todo ello se suman factores externos como la inflación generalizada en servicios, la presión sobre los alquileres turísticos, la gentrificación en núcleos urbanos y la creciente dependencia de plataformas internacionales que concentran el negocio sin redistribuir beneficios en el territorio. Algunos analistas temen que, de no reconducirse este conflicto, Canarias pueda convertirse en un ejemplo de colapso de un modelo turístico exitoso pero insostenible.
El desenlace del conflicto laboral aún está abierto. La próxima reunión entre sindicatos y patronales, prevista para los primeros días de julio, será decisiva. Si no se logra un consenso, el impacto económico será inmediato. Pero incluso si se firma un acuerdo, el caso habrá dejado una lección clara para el futuro del turismo en España: no hay crecimiento duradero sin justicia salarial, estabilidad laboral y diálogo social efectivo.
