La reciente Ley de medidas en materia de vivienda y urbanismo ha entrado en vigor este viernes en Cataluña. Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) el miércoles antes de Año Nuevo, esta legislación activa una nueva regulación de los alquileres de temporada y habitaciones. Según informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, todas las viviendas de uso residencial deben ahora cumplir con el tope de precios, sin tener en cuenta la duración del contrato de alquiler.
Impacto de la nueva ley en el sector inmobiliario
A partir de ahora, los contratos de alquiler de temporada deberán especificar y acreditar su finalidad. Además, la legislación incluye un incremento en la reserva de suelo de protección pública en nuevos desarrollos urbanísticos. También se han creado el Registro de grandes tenedores y la Comisión de Supervisión de Contratos de Arrendamiento de Vivienda, lo que refuerza la inspección y regula las funciones de los inspectores, quienes ahora son considerados agentes de la autoridad.
La consejera Sílvia Paneque ha respaldado esta modificación legal con el propósito de aumentar el parque de vivienda asequible y fomentar la protección de la vivienda habitual. Paneque destacó durante el debate en el Parlament que "esta ley despliega medidas urgentes, para que la vivienda vuelva a ser un derecho y no una fuente de angustia".
Zonas tensas y enfriamiento de precios
La declaración de zonas tensas en Cataluña ha tenido como consecuencia inicial un enfriamiento en el incremento de los precios del alquiler en los municipios declarados tensos, comparado con los que no forman parte de esta declaración. Datos del Incasòl revelan que entre el primer trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025, se han incorporado 24.518 nuevas viviendas en alquiler habitual y permanente en estas áreas.
Antes de la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), la media era de unos 40.000 nuevos contratos. Sin embargo, después de la declaración, la cifra ha disminuido a una media de 27.000 nuevos contratos trimestrales. Esto se traduce en que aproximadamente 13.000 familias inquilinas cada trimestre se benefician de una prórroga de su contrato vigente, concluyó Paneque.
