Los sindicatos CCOO y UGT han exigido la reanudación «inmediata» de la tramitación parlamentaria de la ley que establece la jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales. Esta demanda surge tras el anuncio del Gobierno de posponer el debate de las enmiendas a la totalidad en el Congreso de los Diputados, inicialmente previsto para el 22 de julio.
El aplazamiento se ha trasladado al próximo periodo parlamentario de sesiones en septiembre. La decisión fue tomada debido al ambiente político generado por los presuntos casos de corrupción del PSOE y a solicitud del partido catalán Junts, que ha pedido más tiempo para analizar las propuestas. CCOO y UGT argumentan que este retraso «no justificado» está afectando a las condiciones laborales, especialmente entre los trabajadores más vulnerables.
La ley en cuestión busca impulsar «un reparto más justo del tiempo de trabajo y de los beneficios generados». Además, tiene como objetivo reforzar derechos fundamentales como el descanso, la conciliación de la vida personal y laboral, y la desconexión digital, al tiempo que garantiza «un registro eficaz y veraz de la jornada laboral».
Los sindicatos advierten de que la incertidumbre legislativa está bloqueando las mesas de negociación colectiva
CCOO y UGT han manifestado que prevén un otoño «especialmente conflictivo» en el ámbito laboral si no se retoman las negociaciones. Aluden a que numerosas patronales utilizan la falta de claridad legislativa como excusa para frenar el progreso en las negociaciones. Es por ello que también han exigido la retirada de las enmiendas a la totalidad, argumentando que estas impiden un «debate democrático» sobre una ley que consideran de gran calado social.
Queremos que todos los partidos puedan expresar y debatir abiertamente su posición ante la ciudadanía
En acción inmediata, los sindicatos han programado una concentración para este martes 16 de julio en Barcelona y una asamblea sindical unitaria el 22 de julio en Madrid como parte de su movimiento de movilización. Esta medida refleja la urgencia y el compromiso de ambas organizaciones para avanzar en la consolidación de los derechos laborales.
