El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha proporcionado al Ayuntamiento de Madrid un nuevo archivo digital que documenta las direcciones postales de 3.565 pisos turísticos ilegales en la capital. Esta información, obtenida por la Unidad de Análisis de Consumo, refuerza las advertencias previas al alcalde Martínez Almeida sobre la existencia de más de 15.000 alojamientos turísticos ilegales operando en la ciudad.
Datos reveladores y acciones concretas
En marzo, el Ministerio informó que se estaban anunciando un total de 16.335 pisos turísticos en Madrid, mientras que el Consistorio había concedido solo 1.131 licencias. Junto con esta nueva entrega, el Ministerio ha facilitado direcciones de 3.565 alojamientos en total, instando al Ayuntamiento a actuar de inmediato para clausurar estas operaciones ilegales y abrir expedientes sancionadores según sus competencias. Según el Ministerio, la presencia de estos alojamientos implica un incumplimiento de la normativa urbanística, siendo el Ayuntamiento la entidad encargada de su inspección y cierre.
Los detalles de cada piso ilegal incluyen vínculos a sus anuncios en plataformas dedicadas al alquiler, evidenciando su operación activa. Este archivo digital se acompaña de una carta del ministro Pablo Bustinduy, quien subraya que el propósito es «facilitar la labor de inspección y sanción» por parte del Consistorio, así como «contribuir a recuperar vivienda para el uso residencial para la ciudadanía».
Con el ánimo de seguir colaborando con las administraciones competentes en esta materia y ante el persistente problema que afronta la ciudad de Madrid, con más de 15.000 viviendas de uso turístico ilegales operando, desde el Ministerio les remitimos nueva información que consideramos que les puede ser de máxima utilidad si pretenden hacer frente a esta situación
Colaboración y medidas adicionales
La acción del Ministerio se incluye dentro de un conjunto de medidas dirigidas a detener la proliferación de pisos turísticos ilegales y abordar el problema de la vivienda en España. Estas medidas han logrado que Booking retire más de 4.000 anuncios ilegales y que Airbnb bloquee 65.000 anuncios, respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, el Ministerio mantiene un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler por publicidad ilícita, entre otros.
Consumo ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid una actuación «decidida», tomando como referencia el trabajo del Ayuntamiento de Barcelona bajo el mandato de Ada Colau, que clausuró 7.000 pisos turísticos ilegales y devolvió 3.000 al mercado de vivienda habitual. El Ministerio se compromete a continuar colaborando para asegurar la legalidad y facilitar el derecho a la vivienda de la ciudadanía.
