El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación enfocada en las prácticas vinculadas a la publicidad de alquileres en zonas tensionadas. El objetivo principal es detectar y erradicar aquellos anuncios que violen la normativa establecida para el alquiler de viviendas en estas áreas.
La normativa vigente requiere que los portales inmobiliarios especifiquen claramente detalles sobre los alquileres en sus anuncios online. Esto incluye, para particulares, informar sobre «la última renta del contrato anterior» o el «índice de renta aplicable» para los grandes tenedores. Sin embargo, según informes del departamento encabezado por Pablo Bustinduy, se han detectado anuncios que no cumplen con estas especificaciones.
La monitorización activa del mercado de la vivienda ha descubierto prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en estos anuncios
Estas posibles infracciones podrían considerarse «prácticas desleales por engañosa», lo que implica la posibilidad de sanciones. La Ley de Servicios de Atención a la Clientela impone la obligación de proporcionar esta información de manera clara y accesible, una medida que, hasta ahora, solo se requería antes de la firma del contrato.
El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, ha comunicado por carta los recientes cambios legislativos a los portales inmobiliarios, enfatizando sus responsabilidades
Este comunicado subraya las responsabilidades de las plataformas como intermediarios, asegurando el respeto y la aplicación de las normas durante el proceso de oferta comercial. El propósito de estas iniciativas es reforzar la transparencia y proteger a los consumidores en un mercado cada vez más complejo y regulado.
