El pasado 28 de abril, un apagón afectó al sistema eléctrico peninsular, levantando críticas de diversos sectores. Según una encuesta realizada por The RepTrak Company, el 22,6% de los españoles culpa al Gobierno de este incidente, mientras que el 20% apunta a Red Eléctrica de España (REE) como responsable. Además, un 15,7% de los encuestados señala a las compañías eléctricas privadas.
En relación a la gestión del suceso, la encuesta revela que un 42,3% de los participantes califica la actuación del Gobierno como «muy mala». Del mismo modo, el 30,5% opina negativamente sobre la respuesta del operador del sistema. No obstante, las compañías eléctricas obtienen el mayor porcentaje de valoraciones «muy buenas», con un 20,5%, entre los agentes evaluados. Asimismo, se ha observado un ligero retroceso en el indicador de reputación de todas las compañías del sector energético, incluyendo las petroleras, tras el incidente.
El 17 de junio, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó las conclusiones del Comité para el análisis del incidente. Dicho informe señaló un problema «multifactorial» como causa del apagón, descartando ciberataques y señalando factores como episodios de sobretensión y desconexiones de centrales. Sin embargo, un día más tarde, Red Eléctrica publicó su propia investigación, en la que responsabilizaba a los agentes del sistema por el «incumplimiento» de los protocolos de control dinámico de tensión.
Las grandes eléctricas, representadas por la patronal aelec, acusaron a REE de «mala gestión» debido a la escasa programación de generación convencional.
Estas divergencias apuntan a un complejo entramado de responsabilidades y fallos en la gestión del sistema, dejando la puerta abierta a futuros análisis y debates en el sector energético español.
