Un informe de Shared Mobility Europe, una alianza que aglutina a empresas de movilidad bajo demanda como Bolt, ha revelado que hasta el 50% de las solicitudes de viajes en vehículos VTC en Europa no se completan. Esto se debe a «reglas restrictivas que hacen imposible que los conductores operen con eficiencia o incluso que puedan operar».
Las normas europeas en este ámbito han sido calificadas como «obsoletas y perjudiciales», especialmente en comparación con las regulaciones más flexibles existentes en Estados Unidos. Entre los ejemplos más destacados se encuentran las normativas en Cataluña y Andalucía, donde se imponen longitudes mínimas para los vehículos, lo que obliga a muchos conductores a adaptar sus vehículos con paragolpes voluminosos para cumplir con los requisitos de tamaño.
En Italia, se están implementando medidas que obligarían a los pasajeros a esperar 20 minutos tras realizar una reserva, incluso si el vehículo ya está en la puerta. Mientras tanto, en Grecia, la regulación estipula que los conductores de VTC y taxis solo pueden recoger pasajeros si estos los contratan con un mínimo de tres horas de antelación y firmando un contrato en papel, específicamente para viajes al aeropuerto.
La situación es similar en Alemania, donde se exige que los conductores regresen vacíos a sus bases después de cada trayecto. En ciudades como Múnich, los precios mínimos establecidos podrían duplicar el costo de un viaje en comparación con las tarifas actuales. En Malta, los conductores deben ser propietarios de un garaje para su vehículo, aumentando así los costos para los operadores.
Las normas no solo están obsoletas. Están perjudicando activamente tanto a conductores como a pasajeros.
Andrea Romano, portavoz de Shared Mobility Europe, quien es exdiputado del Parlamento italiano (2013-2022) y actual presidente de MuoverSì, la asociación italiana de conductores y flotas profesionales, expresó que «esto no es regulación. Es una camisa de fuerza», subrayando el impacto negativo que estas políticas tienen en la competitividad de la UE, el turismo y las economías locales que dependen de un transporte accesible y fiable.
