El Gobierno de España ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una medida urgente relacionada con el salario mínimo interprofesional (SMI). El documento indica que la cantidad de 1.184 euros mensuales brutos en catorce pagas se mantendrá vigente de forma transitoria «hasta tanto se apruebe el real decreto que fije el salario mínimo interprofesional para el año 2026». Esta decisión busca garantizar la seguridad jurídica y despejar cualquier duda interpretativa sobre la vigencia del SMI.
La Dirección General de Trabajo señala que, aunque el real decreto anual fija el salario mínimo, la fijación del SMI no pierde validez por el mero transcurso del tiempo. Para asegurar esta continuidad, el plazo de vigencia ha sido establecido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, se ha considerado necesario mantener el SMI de forma transitoria a partir del próximo 1 de enero y hasta que se apruebe el nuevo decreto para 2026.
El Ministerio de Trabajo volverá a reunir a los agentes sociales después de Navidad para seguir negociando la subida del SMI para 2026. Esta subida se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero del próximo año, replicando el proceso que tuvo lugar este año, con la aprobación de un ajuste a principios de febrero.
En recientes reuniones, el Ministerio de Trabajo ha compartido el informe del Comité de Expertos sobre el SMI. Se han puesto sobre la mesa dos propuestas de incremento: un 3,1% si el SMI no tributa y un 4,7% si lo hace. Esto implicaría aumentar el SMI hasta 1.221 euros al mes en el primer caso, o a 1.240 euros en el segundo, ambos en catorce pagas.
La posición del Ministerio de Hacienda es que el SMI debe subir para proteger el poder adquisitivo, especialmente de mujeres y jóvenes, y en concordancia con la Carta Social Europea
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT han propuesto un incremento del 7,5%, llegando así a los 1.273 euros brutos mensuales, con tributación en el IRPF. En contraste, la CEOE ha ofrecido un incremento del 1,5% para el año 2026, condicionado a que no se modifiquen las reglas de absorción y compensación, lo cual es objeto de discrepancia con las posturas sindicales y del Ministerio de Trabajo.
